Tras el Acuerdo de Paz de 2016, los casos de reclutamiento infantil disminuyeron considerablemente; sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado y el fenómeno muestra un repunte alarmante en todo el país.
Entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores habrían sido vinculados a estructuras armadas ilegales. No obstante, líderes comunitarios advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias o desplazamientos forzados.
En varias regiones, especialmente en zonas rurales del departamento del Cauca y la Costa Pacífica, la captación ocurre tanto de manera directa como a través de redes sociales, como TikTok. Allí se difunden mensajes que romantizan la vida armada y prometen dinero, reconocimiento y una supuesta estabilidad que contrasta con la ausencia del Estado en estos territorios. Los menores no solo son entrenados como combatientes; también cumplen funciones de vigilancia, mensajería o apoyo logístico.
Uno de los múltiples videos publicados en esta cuenta, transmite la idea que es posible ganar grandes cantidades de dinero sin realizar mayor esfuerzo y sin importar si es menor de edad. Video tomado de https://vt.tiktok.com/ZSmyRk4Vk/.
Las niñas enfrentan riesgos particulares, ya que, además del reclutamiento, están expuestas a violencia sexual y a engaños basados en falsas promesas de beneficios personales.
Ante este panorama, organizaciones sociales insisten en que la respuesta debe centrarse en la prevención, el acceso a una educación de calidad y la generación de oportunidades reales para la juventud. Evitar que la guerra se convierta en una opción implica fortalecer las comunidades y garantizar una presencia efectiva del Estado en las zonas más vulnerables.
El reclutamiento infantil a través de redes sociales evidencia que el conflicto ya no se limita a los territorios físicos, también se libra en entornos digitales donde los menores pasan gran parte de su tiempo. Estas plataformas facilitan el contacto directo, el anonimato y la difusión de mensajes que idealizan la vida armada, lo que incrementa la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos de pobreza, exclusión y ausencia institucional.
Por ello, la prevención no puede centrarse únicamente en la acción militar o judicial: requiere educación digital, acompañamiento familiar, políticas públicas sostenidas y una presencia estatal integral que ofrezca alternativas reales de desarrollo. Ignorar el impacto de las redes sociales en este fenómeno implica dejar abierta una puerta que los grupos ilegales ya están utilizando con eficacia.
