Por: Paula Andrea Tobaría Agüero, Yisel Suleyma Rivera Tocarruncho y Juan Sebastián Santos Ramírez
Las denuncias de los concejales Diana Diago y Julián Uscátegui, junto con alertas de veedores y expertos en seguridad, evidencian una grave crisis operativa que impacta directamente la capacidad de respuesta frente a la creciente inseguridad en la ciudad.
Alerta sobre crisis presupuestal y falta de mantenimiento
El 5 de noviembre de 2024, el concejal Julián Uscátegui denunció que la Policía Nacional de Colombia contaba con apenas 49.643 vehículos para transporte aéreo, terrestre y fluvial, la cifra más baja de los últimos años. De ese total, 10.070 vehículos están fuera de servicio, lo que equivale al 20% del parque automotor de la institución: uno de cada cinco no está disponible para operar.
La situación es aún más crítica en la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG). Para esa fecha, de los 4.560 vehículos disponibles entre patrullas y motocicletas, el 33,3 % (uno de cada tres) no estaba operando.
En una entrevista con nuestro equipo de investigación, Uscátegui explicó que el problema radica en “falencias presupuestales que impiden el mantenimiento, la adquisición del SOAT, la revisión técnico-mecánica o la reparación por siniestralidad”. Señaló además que entre el 25% y el 30% del parque automotor permanece parqueado en las diferentes estaciones de Policía del área metropolitana.
“Los pocos hombres y mujeres que hoy tiene nuestra policía no tienen las herramientas para actuar, para desplazarse y para cumplir con su labor y, obviamente, los vehículos son importantes en ese sentido”, afirmó el concejal.
Nuestro equipo de investigación se dio a la tarea de comunicarse con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para darle claridad a los ciudadanos frente a esta problemática que ha dejado una gran preocupación en la ciudad, sin embargo, no recibimos respuesta.
Por su parte, el concejal Uscátegui dio a conocer que, en diálogos frente a la denuncia realizada por él, la secretaría manifestó que:
“iban a hacer todo lo posible, incluso que iba haber una asignación presupuestal, iban a poner la lupa a los contratos de mantenimiento y que iban a garantizar que el parque automotor estuviera en óptimas condiciones para el uso de los policías… legalmente la Secretaría sí tiene esa responsabilidad porque para eso hay un presupuesto asignado en el Plan Distrital de Desarrollo” agrego Uscátegui.
Denuncias reiteradas y sin solución
Aunque en agosto de 2024 ya había denunciado la misma situación, el 13 de febrero de este año la concejala Diana Diago reiteró su denuncia, revelando que 1.055 vehículos entregados por la ciudad a la Policía Metropolitana continuaban inoperativos.
En 2024, la Secretaría de Seguridad adjudicó 13 contratos por más de 10.000 millones de pesos para el mantenimiento de vehículos de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Diago encendió las alarmas sobre la crítica situación operativa de la institución. Según un comunicado de prensa emitido en mayo, al menos cuatro estaciones de Policía enfrentan deficiencias graves: más del 37% de sus patrullas están fuera de servicio, lo que limita la capacidad de reacción ante emergencias.
En entrevista con este equipo de investigación, la concejala subrayó un caso especialmente preocupante: las patrullas asignadas a la unidad de infancia y adolescencia. “El 46 % de esas patrullas están dañadas. De 52, 13 no están operativas, una está en taller y 10 no tienen papeles para funcionar”, detalló.
“La Policía no tiene herramientas para patrullar, para cumplir su deber ante la ciudadanía. Les piden resultados, pero no hay cómo. Mientras tanto, las bandas delincuenciales tienen brazos financieros enormes que sí les permiten operar”, expresó Diago.
La concejala también lanzó duras críticas al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad: “Necesitamos urgentemente que el alcalde aplique su política de seguridad. ‘Bogotá camina segura’ no puede ser solo un eslogan”, dijo cuestionando la falta de gestión. “Lo que falta es gerencia. Usted puede saber de seguridad, pero otra cosa es afrontar los desafíos de una ciudad como Bogotá. Se necesita ejecutar presupuestos, hacer buenos planes, proyectos y contratar bien”, agregó.
Finalmente, Diago denunció la falta de respuesta institucional. “El secretario de Seguridad no le da la cara a la ciudadanía. Yo le he pedido la renuncia hace mucho tiempo, pero Galán ha sido un alcalde debido a sus votos”, concluyó.
Un problema estructural
Armando Vergara, veedor para la Policía, advirtió que el panorama actual del parque automotor en los CAI de Bogotá es crítico debido a la falta de mantenimiento de motos y vehículos, situación que no responde a un descuido policial, sino a una negligencia administrativa por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Según explicó, “sí se dan los recursos, pero desafortunadamente depende de una tramitología muy larga, pasa por un ingeniero, otro ingeniero, el jefe de vehículos… es muy demorado”.
La consecuencia directa, indicó, es que los cuadrantes no pueden operar con normalidad: “en Timiza tenemos tres cuadrantes y a veces salen dos, y con motos prestadas”. Además, señaló que la ciudadanía termina afectada sin saber la razón: “el ciudadano dice ‘no me llegó la Policía’, pero no sabe que es porque no tienen moto”.
El veedor también fue enfático en señalar que este problema no es nuevo: “esto viene desde hace cuatro o cinco años. Carros que quedan tapados en pasto esperando mantenimiento, motos archivadas en talleres”. Aunque se han adquirido nuevos vehículos, advirtió que, sin una mejora en los procesos de contratación y mantenimiento, “de nada sirve comprar 250 motos si en seis meses están otra vez fuera de servicio”.
Finalmente, lanzó un llamado urgente a la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad: “así como se les exige a los policías que cumplan con su servicio, hay que darles las herramientas. No es posible que algunos tengan que arreglar sus motos con su propio dinero o tanquearlas porque el chip está bloqueado”.
Sin vehículos no hay control
Para el exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en seguridad ciudadana, Hugo Acero, el mantenimiento del parque automotor de la Policía Metropolitana representa un desafío estructural que impacta directamente la seguridad ciudadana.
“El Distrito, desde hace muchos años, dota a la Policía de carros, radios, motos, equipos e incluso sistemas de comunicación. Actualmente, cerca del 80% de los recursos se destinan al mantenimiento, debido al uso intensivo de estos vehículos”, explicó Acero en entrevista con este medio.
Según el exsecretario, una parte del problema tiene origen en temas administrativos. La Secretaría de Seguridad no solo debe garantizar la entrega delos vehículos necesarios para el funcionamiento operativo de la institución, sino que también debe asegurar su mantenimiento preventivo y correctivo de forma oportuna.
“Un carro en la Policía tiene una duración promedio de entre cuatro y cinco años, mientras que en una familia puede durar hasta 20 años. Esto se debe a que en la Policía los vehículos están en uso las 24 horas del día y con diferentes conductores, lo que reduce considerablemente su vida útil”, señaló.
Además, Acero explicó que, en algunos casos, el costo del mantenimiento puede superar el valor del mismo vehículo, lo que obliga a iniciar un proceso de reposición. Esto contribuye a que muchos automotores queden estacionados y fuera de servicio en diferentes estaciones de Bogotá.
Cumpliendo con la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Seguridad debería contar con interventores encargados de supervisar la ejecución de los contratos de mantenimiento.
“Desde el punto de vista del control administrativo y público, esta labor también compete a la Personería, la Procuraduría y, particularmente, a la Contraloría en términos de inversión”, concluyó Acero.
Un informe operativo
Tras múltiples intentos fallidos para obtener una entrevista directa, se emitió un derecho de petición a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) con el fin de esclarecer el estado actual del parque automotor de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG).
La respuesta, entregada bajo el radicado No. 2-2025-33539, confirmó que al 16 de mayo de 2025 la MEBOG contaba con un total de 5.197 vehículos entre motocicletas, camionetas y automóviles entregados en comodato por parte de la Secretaría. Los modelos de esta flota oscilan entre el año 2003 y el 2025, lo que evidencia una mezcla de unidades antiguas con otras de reciente adquisición.
Según el informe oficial, el 84% de estos vehículos equivalente a 4.386 unidades se encontraba en funcionamiento. Sin embargo, el restante 16% no estaba en servicio debido a diferentes causas, entre ellas, mantenimiento pendiente, problemas administrativos o situaciones que aún estaban siendo verificadas por la Secretaría.
Un dato que genera especial preocupación es que, dentro de este porcentaje de vehículos inactivos, el 9% no opera por falta de mantenimiento, lo que corresponde a 298 motocicletas y 165 vehículos. Esta situación, lejos de ser menor, pone en evidencia los vacíos logísticos y operativos que persisten a pesar de las inversiones millonarias asignadas a la reparación y sostenimiento de estos recursos.
Análisis encontrado en los contratos
En los detalles hallados frente a los contratos adquiridos en su ejecución y sus principales áreas de mejora y recomendaciones para fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, se hace énfasis en la necesidad de implementar controles más rigurosos y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los contratos.
Seguimiento controlado
Según el Informe Final de la auditoria No. 174 realizada en diciembre del 2024 por la Contraloría de Bogotá, que tuvo como propósito principal evaluar la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, enfocándose en los procesos de contratación y ejecución de recursos, se lograron identificar posibles irregularidades, deficiencias en la planeación y ejecución de contratos, y recomendaciones para mejorar la administración pública.
Por otro lado, se hicieron varios análisis con factores principales como:
Deficiencias en la Planeación Contractual: Se identificaron falencias en la etapa precontractual, como estudios previos incompletos y falta de análisis de riesgos, lo que afectó la adecuada estructuración de los contratos.
Incumplimientos Contractuales: Algunos de sus contratos tuvieron falencias como retrasos en la ejecución, modificaciones no justificadas y falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas, generando impactos negativos en la prestación de servicios.
Fallas en la Supervisión y Control Interno: Se pudo evidenciar una supervisión deficiente de los contratos, con falta de seguimiento y control por parte de los interventores y supervisores designados.
Uso Ineficiente de Recursos: La auditoría detectó casos de uso ineficiente de los recursos públicos, con gastos que no contribuyeron al cumplimiento de los objetivos institucionales.
Sin respuesta institucional
Este equipo periodístico solicitó entrevista con el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como con la Policía Metropolitana de Bogotá, pero no obtuvo respuesta. Ambas entidades coincidieron en señalar que el tema no era de su competencia directa.
