Por: Danniela Rodríguez
El proyecto, nacido hace más de una década como parte de la Ley de Víctimas para rendirles homenaje a quienes han sufrido el conflicto armado, había quedado atrapado entre retrasos, sanciones a contratistas y críticas ciudadanas que lo bautizaron como elefante blanco.
Con la firma de nuevos contratos y una inversión superior a los 37 mil millones de pesos, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) asegura que la segunda fase de la construcción está asegurada.
El CNMH anunció que adjudicó los contratos de obra al Consorcio Memorial y la interventoría al Consorcio Internacional ING, luego de un proceso público gestionado junto a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
Este paso permitirá que las máquinas regresen a la estructura en Bogotá y que las obras se concentren en acabados, adecuaciones técnicas y la corrección de fallas estructurales que en su momento encendieron las alarmas.
El compromiso inicial es dejar habilitada una parte del museo en 2026, que significaría que, por primera vez, los colombianos recorrerían parte de sus salas y accederían a actividades de memoria, que solo han existido en proyectos itinerantes o digitales.
La bolsa aprobada asciende a 37.749 millones de pesos, destinada a esta segunda fase, recursos considerables, aunque insuficientes para concluir el proyecto en su totalidad. El CNMH reconoció que el museo se abrirá parcialmente mientras se asegura la financiación para completar la obra.
La experiencia muestra que las obras inconclusas en Colombia suelen arrastrar sobrecostos, demoras y renegociaciones. En este caso, la presión es mayor: no es cualquier edificio, es un espacio cargado de simbolismo que busca darles voz a las víctimas del conflicto.
Este museo ha sido desde sus orígenes, un proyecto emblemático y problemático. Surgió en 2011 con la Ley 1448, que estableció la necesidad de un espacio institucional para conmemorar y dignificar a quienes han vivido el horror de la guerra. Lo que debía ser un símbolo de reparación se convirtió en una obra lenta y plagada de tropiezos técnicos.
En distintas auditorías se detectaron problemas de incumplimientos contractuales y retrasos injustificados. El resultado: un esqueleto arquitectónico que, en lugar de convocar la memoria colectiva, alimentó la desconfianza ciudadana frente a la capacidad del Estado para cumplirles a las víctimas.
De acuerdo con el cronograma, hacia finales de 2026 deberían abrirse al público algunos espacios del museo como salas para exposiciones temporales, áreas pedagógicas y zonas de encuentro con organizaciones sociales. La idea es que, aunque el edificio no esté terminado, las víctimas y la ciudadanía empiecen a habitarlo y a darle sentido a su misión.
El CNMH insiste en que la interventoría garantizará que no se repitan los errores del pasado. Las empresas adjudicatarias tienen la obligación de responder por la ejecución de la obra, y por su seguridad y durabilidad.
El reto principal es simbólico. Para miles de víctimas, este museo debería ser un espacio donde sus historias encuentren reconocimiento y respeto. Para muchos ciudadanos, el proyecto carga con el estigma de los sobrecostos y la demora.
El Gobierno y el CNMH saben que la confianza se reconstruye con hechos: entregas a tiempo, transparencia en los recursos y participación de las comunidades. De lo contrario, el museo corre el riesgo de convertirse en otra pieza del catálogo de promesas incumplidas.
La pregunta no es si habrá museo, sino cómo y cuándo se materializará. 2026 será una prueba de fuego. Si abre sus puertas y logra conectarse con las víctimas y la ciudadanía, podrá empezar a sanar las heridas de su accidentada historia. Si no, el país seguirá mirando con escepticismo un proyecto que nació para darle voz a la memoria, que, hasta ahora solo ha hablado de demoras.
