Por: María josé Marín Cardona.
En Colombia, muy pocos temas causan tanto debate y división como la reforma del sistema de pensiones. Esto no es solo un tema complicado para economistas, sino que se trata del futuro de millones de colombianos que, tras haber trabajado toda su vida, desean tener una vejez con dignidad. La verdad, aunque es dura, es que solo uno de cada cuatro adultos mayores recibe hoy una pensión. La mayoría sobrevive gracias a ayudas que reciben, el apoyo de sus familias o, en el peor de los casos, vendiendo dulces en la calle o haciendo trabajos inestables. Frente a esta situación, surge una pregunta clara: ¿cómo podemos tener un sistema más justo sin llevar al Estado a la ruina?
La propuesta del Gobierno se basa en cuatro puntos principales. El primero, solidario, daría un ingreso básico a los ancianos que nunca pudieron aportar. El segundo tipo, semicontributivo, ayudaría a las personas que ahorraron un poco, pero no lo suficiente para obtener una pensión. El tercero, que es contributivo, enviaría las aportaciones hasta un límite a Colpensiones, mientras que los fondos privados manejarían el dinero que sobrepase ese límite. Por último, un cuarto pilar opcional animaría a las personas a ahorrar más. La idea se ve buena en teoría: más protección, más apoyo y más seguridad para aquellos que actualmente no tienen protección.
Los defensores de la reforma afirman que el sistema actual es muy desigual. Según datos del Ministerio de Hacienda, alrededor del 60% de los subsidios que da el gobierno para las pensiones ayuda a personas con ingresos medios y altos, mientras que muchos trabajadores informales quedan fuera de este apoyo. La reforma tiene como objetivo solucionar ese problema al asegurar un ingreso básico para aquellos que nunca han trabajado. Desde el punto de vista de la justicia social, es un claro progreso: un país que dice ser democrático no puede dejar que sus ancianos vivan en la pobreza.
Sin embargo, también hay muchas críticas. Los opositores señalan que hacer que todos tengan que llevar sus aportes a Colpensiones hasta un límite debilita a los fondos privados y le da al Estado una gran carga financiera. En 2024, el déficit en las pensiones ya había pasado los 50 billones de pesos al año, lo que pone mucha presión en las finanzas del gobierno. La pregunta es evidente: ¿cómo asegurar que ese déficit no aumente mucho más cuando los jóvenes de hoy se retiren? ¿Qué pasará si, en medio de la presión política, el dinero de Colpensiones se utiliza para cosas que no son el pago de pensiones?
Además, hay un problema importante que ninguna reforma parece solucionar por completo: el trabajo informal. En Colombia, más de la mitad de las personas que trabajan no aportan a su pensión porque tienen empleos sin contrato o trabajos inestables. Mientras esa situación no se modifique, cualquier modelo seguirá teniendo el mismo problema: hay muy pocos que contribuyen y demasiados que reciben beneficios. Es como tratar de llenar un cubo que tiene hoyos. La conversación sobre pensiones no debería centrarse solo en “Colpensiones frente a fondos privados”, sino en cómo crear trabajos formales que fortalezcan el sistema.
La experiencia de otros países de la región nos da enseñanzas importantes. Chile, que hizo que su sistema de pensiones fuera privado en los años ochenta, ahora está enfrentando protestas debido a las pensiones que no son suficientes. Argentina, que nacionalizó la empresa, enfrenta un aumento en su déficit que ahoga sus finanzas. En ambos casos, la falta de equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar el medio ambiente afectó la confianza de la gente. Colombia no debe cometer esos errores de nuevo. Necesita un sistema que sea híbrido, adaptable y, lo más importante, que sea realista.
“Más que solo números, esta conversación tiene personas detrás.” En el barrio Farallones de Cali, una líder que trabaja con adultos mayores explicó de manera simple lo que se necesita: “Lo que necesitamos es cuidado, consejo y comunicación. Queremos que se den cuenta de que todavía estamos aquí y que no nos ignoren.” Esa voz, al igual que muchas otras, nos recuerda que detrás de cada ley hay personas reales que piden dignidad y respeto.
La reforma del sistema de pensiones es, sin lugar a dudas, muy necesaria. No es correcto que tres de cada cuatro personas mayores estén en abandono. No debemos confundir la urgencia con la prisa. Una reforma de este tipo necesita tener cuentas claras, normas fijas y un plan a largo plazo que vaya más allá de los diferentes gobiernos. Si se usa para fines políticos o como una muestra de popularidad, hay un peligro de comprometer el bienestar de las futuras generaciones.
Al final, la pregunta no es si Colombia necesita un cambio, sino qué tipo de cambio debe hacer. Una que aumente los derechos, pero que también asegure los recursos necesarios en 20 o 30 años. Una que mezcle apoyo a los demás con cuidado en el manejo del dinero. “Una que cuide tanto de los ancianos de hoy como de los jóvenes del futuro.”
La verdadera justicia social no se evalúa por promesas, sino por la capacidad de mantenerse en el tiempo. “No tiene sentido asegurar un ingreso hoy si mañana no se podrá pagar.” El desafío es crear un sistema que dé paz a los abuelos sin preocupar a los nietos. Escuchar las opiniones de la gente debería ser el primer paso. Solo así se podrá decir que Colombia tiene una reforma de pensiones que realmente respeta el concepto de “derecho”
