20 de marzo del 2026 – El gobierno de Estados Unidos, a través de oficinas del fiscal federal en Manhattan y Brooklyn, ha abierto investigaciones que examinan si el presidente Gustavo Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si su campaña recibió donaciones de origen ilícito. Las pesquisas, que según fuentes consultadas se apoyan en fiscales especializados en tráfico internacional de drogas y en la Administración para el Control de Drogas (DEA), se encuentran en una fase preliminar y son independientes entre sí.
Petro ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con el narcotráfico y ha resaltado los esfuerzos de su gobierno para reducir los cultivos de coca y enfrentar a grupos armados. En Colombia, investigaciones previas han señalado que personas vinculadas a redes de narcotráfico intentaron canalizar fondos hacia actores políticos; en ese contexto, fiscales colombianos han señalado que el hijo del presidente reconoció ingresos de origen ilícito a la campaña de 2022, sin que ello haya derivado en cargos contra el mandatario.
La investigación se produce en un momento de tensión política entre Washington y Bogotá, marcada por episodios públicos de confrontación entre el presidente Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump. La existencia de pesquisas federales en EE. UU. podría convertirse en un factor de presión diplomática o en un elemento de disputa política, especialmente en un año electoral para Colombia. Observadores advierten que, aunque las pesquisas estén en etapas iniciales, su divulgación puede influir en percepciones internacionales sobre la gobernabilidad y la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Si las investigaciones avanzaran hacia cargos formales, el escenario sería complejo: históricamente, Estados Unidos ha esperado a que exmandatarios salgan del cargo para presentar acusaciones y solicitar extradiciones, como ocurrió con otros líderes regionales. Sin embargo, por ahora no hay indicios públicos de que se hayan presentado cargos ni de que la Casa Blanca haya instigado las pesquisas. Analistas locales señalan que la principal consecuencia inmediata es política: la noticia alimenta la polarización y puede condicionar la agenda de seguridad y cooperación internacional.
Las investigaciones federales en Nueva York y Brooklyn continúan en curso y, según las fuentes, aún no está claro si culminarán en imputaciones. La prudencia informativa exige esperar avances oficiales de las fiscalías antes de sacar conclusiones definitivas; mientras tanto, la administración Petro mantiene su postura de negación y defensa de las acciones contra los cultivos ilícitos.
