El pasado 6 de marzo se realizó el encuentro solicitado por el sector de los productores cinematográficos de Colombia mediante una carta abierta dirigida a la Ministra de las Culturas, respaldada por más de 700 firmas. La reunión, celebrada en el Museo Nacional, se extendió durante tres horas y contó con la participación presencial de cerca de 30 representantes del sector, así como más de 250 asistentes conectados de manera virtual.
El objetivo del encuentro fue abordar las solicitudes del sector en relación a las dificultades que se han presentado durante los últimos 18 meses en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI), y la falta de comunicación entre el Ministerio de las Culturas y el sector productivo del audiovisual colombiano durante el actual gobierno, que ha redundado en una crisis sin precedentes.
Lo que el sector presentó al Ministerio
Durante el encuentro, los productores expusieron casos concretos que evidencian la necesidad de revisar los procedimientos actuales de aprobación de los incentivos.
Entre las principales problemáticas identificadas se señalaron la sobrecarga administrativa que enfrentan tanto los productores como los analistas del Ministerio, la aplicación de criterios de revisión que no se encuentran contemplados en la normativa vigente, la falta de criterios unificados en la DACMI para el análisis y la falta de conocimiento de la dinámica real de la producción cinematográfica actual.
El sector también anunció la elaboración de un estudio nacional e internacional sobre el funcionamiento de la 814, en armonía con el ecosistema audiovisual, para desarrollar cambios y actualizaciones normativas, tal como lo han hecho países como Brasil, México o España en los años posteriores a la pandemia.
Perspectiva del sector
El sector cinematográfico colombiano valora la disposición al diálogo expresada por el Ministerio de las Culturas y la DACMI, y confía en que este espacio de trabajo permitirá fortalecer la confianza institucional y garantizar el funcionamiento eficiente de los mecanismos de inversión privada contemplados en la Ley de Cine. Teniendo en cuenta que a la fecha hay un número considerable de certificados de inversión y donación del año 2025 que aún no han sido entregados.
A lo largo de más de dos décadas, la Ley 814 ha demostrado que los incentivos tributarios dirigidos a movilizar inversión privada son una herramienta eficaz para el desarrollo de industrias audiovisuales capaces de generar empleo, circulación internacional y propiedad intelectual colombiana.
Garantizar su funcionamiento ágil y predecible no es únicamente un interés del sector cinematográfico: es una condición necesaria para el fortalecimiento de la industria cultural y de la economía creativa del país en general.
Respuesta del Ministerio y acuerdos alcanzados
Frente a estas preocupaciones, la Ministra reconoció la necesidad de mejorar los procedimientos y manifestó la voluntad institucional de revisarlos para hacerlos más eficientes. Como resultado de la reunión, se acordó la conformación de una mesa técnica para trabajar en dos frentes: Lo urgente y lo importante. En principio descongestionar la operatividad estancada en la DACMI, de manera urgente, y a mediano plazo trabajar en integración con Mintic y RTVC en los mecanismos de financiación del Cine Colombiano y la actualización de la Ley 814.
La primera sesión de esta mesa se realizó el lunes 9 de marzo, y la segunda el miércoles 13 con representantes de las diferentes asociaciones y el acompañamiento de la Academia Colombiana de Cine. El trabajo de la mesa continúa hasta que se llegue a soluciones concretas y reales para que los trámites sean confiables y eficientes. La siguiente cita es para el jueves 19 de marzo.
Contexto
Desde la promulgación de la Ley 814 de 2003 (Ley de Cine), el sector audiovisual colombiano ha experimentado un crecimiento sostenido. Es importante precisar que los mecanismos contemplados en esta ley no constituyen un desembolso directo del presupuesto general de la nación.
Se trata de un instrumento de política cultural que canaliza inversión privada hacia la industria cinematográfica mediante un beneficio tributario focalizado.
Este tipo de mecanismos cuenta con antecedentes consolidados en diversas economías. En Francia, el Crédit d’Impôt Cinéma administrado por el Centre National du Cinéma et de l’image animée permite deducciones de hasta el 30% de los gastos de producción realizados en territorio francés. En el Reino Unido, el Film Tax Relief gestionado por el British Film Institute y la HM Revenue & Customs ha convertido al país en uno de los principales destinos de rodajes internacionales.
En Canadá, el Canadian Film or Video Production Tax Credit ha impulsado el desarrollo de polos de producción en ciudades como Vancouver y Toronto. En España, las deducciones fiscales del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades han posicionado territorios como las Islas Canarias como hubs internacionales de producción. En América Latina, un antecedente directo es la Lei do Audiovisual, que permitió el crecimiento sostenido de la industria audiovisual brasileña.
La Ley 814 de 2003 responde a esta misma lógica y ha contribuido durante más de dos décadas a fortalecer la producción cinematográfica colombiana y a consolidar una industria cultural con creciente impacto económico y cultural.
Un contexto paradójico: crecimiento internacinal y crisis institucional
Durante la reunión, el Ministerio expuso el incremento significativo en el volumen de solicitudes tramitadas por la DACMI en los últimos años. Este crecimiento se produce en un contexto complejo: mientras la asistencia a salas de cine se ha reducido desde la pandemia en todo el mundo y algunas fuentes de financiación se han contraído —como el cierre del mercado de coproducción de Señal Colombia, la reducción del presupuesto de la convocatoria Abre Cámara del Ministerio TIC y la caída en el recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico—, el consumo internacional de obras audiovisuales colombianas ha crecido consistentemente.
Este dinamismo se refleja en el aumento de coproducciones internacionales, en la exportación de propiedad intelectual colombiana y en la producción de contenidos destinados a mercados externos. En gran medida, este crecimiento ha sido posible gracias a los incentivos previstos en la Ley 814 de 2003.
Sin embargo, el crecimiento de la industria, sumado a la falta de actualización normativa de la Ley 814 y de sus decretos reglamentarios, ha derivado en una crisis operativa que ha afectado la ejecución de proyectos cinematográficos y ha puesto en riesgo inversiones, oportunidades comerciales y generación de empleo en el sector.
