Por: Juan David Torres González
La discusión por el salario mínimo de 2027 ha comenzado en Colombia. Las centrales obreras, gremios empresariales y el Gobierno deberán buscar un acuerdo sobre cuál debería ser el aumento en los ingresos de los trabajadores para el próximo año, todo esto en medio de las preocupaciones por el costo de vida y la capacidad de cada empresa para asumir mayores gastos laborales.
El salario mínimo en 2026 es de $1.750.905 mensuales, sin incluir el auxilio de transporte que es de $249.095, para quienes tienen derecho a recibirlo. El incremento del salario para 2027 todavía no está definido y las cifras que se conocen corresponden a propuestas iniciales o estimaciones que todavía no son oficiales.
Las centrales obreras Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), junto con algunas organizaciones de pensionados, ya comenzaron a preparar una propuesta conjunta. El Comando Nacional Unitario (CNU) como espacio de coordinación y defensor de los intereses de los trabajadores, anunció que revisaría variables económicas con apoyo de personas especializadas en el tema, además de instituciones académicas con la meta de definir el porcentaje que llevará a la mesa de concertación
Entre las cifras que han circulado está el aumento del 38,5% planteado inicialmente por Fabio Arias, dirigente de la CUT, aunque esta cifra no corresponde a una propuesta unificada y definitiva de todas las centrales sindicales. Por otro parte, el análisis de la inflación, la productividad laboral y las expectativas de inflación para el próximo año, son fundamentales para contemplar un aumento cercano al 8 %, proyecciones que tampoco representan un acuerdo entre las partes.
En general, los sindicatos defienden la necesidad de mejorar los ingresos de los empleados y acercarlos aún más al nivel que permita cubrir sus necesidades y generar una mejor calidad de vida. Los empresarios, por su parte, deben hacer ciertas evaluaciones que demuestren el impacto que tendrían al generar este aumento sobre la nómina, contratación y costos de operación, especialmente en empresas pequeñas.
Un asalariado enfrenta otra situación, la discusión no se reduce al porcentaje que aumente el sueldo, también importa cuánto le cuestan los alimentos, servicios públicos, vivienda y otros gastos cotidianos como entretenimiento básico.
Como aprendiz, Tatiana Gómez, recibe un ingreso fijo señala que el costo de vida afecta de manera importante su economía. Entre sus principales gastos están los servicios públicos, la alimentación y la recreación, rubros que compiten por el mismo presupuesto mensual.
Desde su experiencia, el aumento salarial debería guardar relación con el incremento de los precios. “De nada sirve que suban el sueldo un 23%, por ejemplo, si la canasta familiar aumenta un 10% o 15 %”, explica. Su preocupación es que un incremento nominal no se traduzca necesariamente en una mayor capacidad de compra, porque realmente el aumento del salario no es ese.
Casos así reflejan algunas de las preguntas centrales de la negociación: cuánto debe aumentar el ingreso para que los trabajadores puedan cubrir sus gastos sin que el dinero pierda valor frente a los precios.
El debate también tiene efectos sobre los establecimientos que cuentan con pocos empleados. En una cafetería de barrio, por ejemplo, el pago de los salarios debe convivir con gastos como el arriendo, servicios, insumos y obligaciones laborales.
Para estos negocios, un aumento salarial puede representar un costo adicional que deberán evaluar según sus ingresos y márgenes. Entre alternativas que pueden considerar están ajustar precios, reducir parte de sus ganancias o buscar formas de mejorar sus ventas. Sin embargo, el efecto concreto depende de cada establecimiento y debe comprobarse con testimonios de sus propietarios.
Por eso, la discusión necesita escuchar tanto a los trabajadores como a los empleadores. Mientras unos buscan recuperar su capacidad de compra, otros deben calcular cómo asumir el aumento sin comprometer el funcionamiento y continuidad del negocio o sus posibilidades de contratar personal.
El Gobierno deberá ayudar a facilitar el diálogo entre centrales obreras y representantes empresariales, teniendo en cuenta todas estas variables como inflación, productividad y comportamiento del empleo en el país. En caso tal que no se alcance un consenso, las leyes permiten que este incremento se determine por decreto, una vez agotado el protocolo de concertación como primera instancia.
El porcentaje todavía no se define, la discusión de las próximas semanas permitirá conocer qué cifras presentan formalmente las partes y qué argumentos económicos respaldan sus propuestas.
Más allá del número final, es muy importante establecer un aumento que contribuya a proteger los ingresos de los trabajadores y que, al mismo tiempo, tenga en cuenta las condiciones de las empresas que generan empleo en el país.
