Por: Luisa Fernanda Católico Rozo
Durante décadas la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de Bogotá ha enfrentado profunda desigualdad social, Invisibilización institucional y participación limitada en espacios donde se toman decisiones que impactan su vida. Las brechas en educación, empleo, vivienda digna, salud, reconocimiento cultural y representación política evidencian que, pese a los avances normativos, la ciudad arrastra una deuda histórica con estas comunidades.
La Política Pública Distrital para la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera de Bogotá, proyectada entre 2024 a 2036, surge como intento de saldar ese déficit acumulado, una hoja de ruta para garantizar derechos, fortalecer identidades y promover oportunidades reales para miles de ciudadanos afro en la capital. El documento plantea acciones en inclusión educativa, empleabilidad, participación comunitaria, acceso a la cultura, memoria histórica y lucha contra el racismo estructural, articulando esfuerzos de diferentes entidades distritales.
La pregunta es ¿qué tan profunda y efectiva será esa transformación? ¿Será esta política una herramienta capaz de traducir las necesidades históricas de estas comunidades en cambios verificables, con presupuesto, seguimiento y voluntad política? ¿O terminará siendo otro ejercicio de buenas intenciones sin impacto concreto en la vida de las personas? El reto es que las medidas no se queden en el papel, sino que materialicen una ciudad más justa, diversa e incluyente para quienes han sido sistemáticamente excluidos.
Deuda Histórica
Para comprender el alcance de esta política pública, es necesario volver al punto donde comenzó la lucha moderna por los derechos afro en Colombia y reconocer que no surgió de la nada, sino de un largo proceso de resistencia frente a la exclusión estructural. La Constitución Política de 1991 significó un parteaguas: por primera vez, el Estado colombiano admitía oficialmente que el país era pluriétnico y multicultural, reconocimiento que tenía un valor simbólico, y que abrió la puerta a marcos legales que buscaban reparar siglos de marginación. De ese momento fundacional nació el Artículo Transitorio 55, que ordenó crear una ley para garantizar los derechos de las comunidades negras, especialmente en el Pacífico, región históricamente olvidada pero vital para la memoria afrodescendiente.
El cumplimiento de ese mandato se materializó en la Ley 70 de 1993, un hito para el movimiento afro que reconoció la identidad cultural, el derecho al territorio colectivo, el acceso a recursos naturales y la implementación de acciones afirmativas en educación, participación y desarrollo económico. Aunque la ley representó un triunfo político y jurídico, su ejecución fue lenta, fragmentada y desigual. Mientras los territorios rurales recibían cierta atención, lo urbano quedó prácticamente relegado. Las ciudades, en especial Bogotá— se convirtieron en destino de miles de familias afro desplazadas por la violencia o atraídas por mejores oportunidades, pero la capital carecía de una política que entendiera su presencia, sus dinámicas culturales y sus necesidades diferenciadas dentro del entorno urbano.
A esta falta de políticas efectivas se sumó la escasa difusión institucional. La ausencia de información accesible, campañas educativas y canales de diálogo con las comunidades, que generaron un vacío que dificultó el acceso a derechos y beneficios. Como advierte Henry Oviedo, consultivo local afro de La Casa Afro Teresita Rosales: “Siempre hemos tenido el déficit de información y comunicación sobre las políticas públicas afrodescendientes. Lo que no se comunica, no existe para mucha gente”. Su afirmación revela uno de los retos más profundos: sin comunicación efectiva, incluso los avances legales corren el riesgo de volverse invisibles.
Paro y movilización afro
El Paro Nacional de 2021 fue un punto de quiebre para Colombia y para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que, durante décadas, habían cargado con los efectos más duros de la desigualdad estructural. Aunque la movilización comenzó como una reacción a la propuesta de reforma tributaria, pronto se convirtió en un escenario donde se expresaron frustraciones acumuladas: falta de oportunidades laborales, barreras en el acceso a educación y salud, violencia policial, racismo cotidiano y ausencia de representación en las decisiones públicas. Allí la voz afro estuvo presente, y asumió un papel central. En ciudades como Cali, Buenaventura, Bogotá, Medellín y Popayán, miles de jóvenes afrodescendientes se unieron a las calles, reivindicando derechos con una fuerza que visibilizó realidades ignoradas.
El paro permitió el resurgimiento de formas de organización política y cultural propias, donde el arte, la música, la danza, los saberes comunitarios y la memoria colectiva fueron herramientas de resistencia. En Bogotá, esta movilización se articuló a través de las Casas Afro, los colectivos juveniles, los procesos barriales y las consultivas locales, que desempeñaron un rol clave en la formación ciudadana y la contención comunitaria. Estos espacios impulsaron jornadas pedagógicas, encuentros de diálogo, actividades de autocuidado y movilizaciones pacíficas en distintos sectores de la ciudad, demostrando que la protesta era un ejercicio creativo, educativo y político. Para muchas personas afro, el paro fue la confirmación de que la organización comunitaria era un medio indispensable para disputar el lugar que les había sido negado.
Construcción de la política
La Política Pública no surgió de un despacho aislado ni de decisiones tomadas desde la administración distrital. Fue un proceso amplio de participación social que tuvo como eje a las comunidades involucradas. Durante años, estas comunidades insistieron en la necesidad de una política pública con enfoque diferencial que respondiera a sus realidades urbanas, sus trayectorias de resistencia y las múltiples manifestaciones de racismo estructural que enfrentan en la capital.
La participación de las consultivas locales y de la Consultiva Distrital Afro fue esencial para que el proceso tuviera legitimidad y recogiera la diversidad de voces territoriales. Estos espacios garantizaron que las propuestas no se limitaran a diagnósticos institucionales, sino que reflejaran experiencias concretas de exclusión, demandas históricas y expectativas de transformación. Las Casas Afro desempeñaron papel crucial. Más que centros culturales, se consolidaron como lugares de formación política, encuentro comunitario y producción de pensamiento afrodescendiente. La Casa Afro Teresita Rosales fue punto de referencia para la articulación organizativa, la creación de propuestas y la defensa de derechos colectivos.
El reconocimiento del esfuerzo comunitario cobró relevancia. Como afirma Oviedo: “Lo que se ha logrado no ha sido regalado. Es fruto de la insistencia de líderes como Teresa Rosales y Nelly Santana”. Sus palabras muestran que el avance de esta política no se debe únicamente a la voluntad institucional, sino al trabajo persistente de liderazgos históricos y emergentes que han insistido en ser escuchados.
El componente educativo fue de los ejes más discutidos durante la construcción de la política. Líderes sociales y expertos en educación señalaron brechas persistentes que afectan a la juventud afro en Bogotá: dificultades de acceso, insuficiencia de acompañamiento y poca visibilidad de programas existentes. La voz de Jorge Lara resulta clave para entender uno de los principales retos: la falta de información accesible. Tal como explica: “El gobierno tiene becas técnicas, tecnológicas, universitarias y de posgrado; también hay becas simbólicas para estudios en el exterior, pero falta difusión, muchos jóvenes no saben que existen.” Esta realidad evidencia que, más allá de crear programas, es necesario fortalecer estrategias de divulgación y acompañamiento para que los jóvenes afro aprovechen las oportunidades.
Avances y desafíos
Esta política pública representa un avance importante para Bogotá porque recoge, por primera vez a escala distrital, un conjunto de acciones afirmativas construidas directamente con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en cumplimiento de principios establecidos desde el Artículo Transitorio 55 de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993. Sin embargo, los desafíos que enfrenta su implementación son igual de profundos: falta de información efectiva sobre los programas disponibles, riesgo de discontinuidad por los cambios de gobierno, persistencia del racismo estructural, debilidades institucionales para ejecutar los planes y barreras económicas que limitan el acceso real a oportunidades.
De los puntos críticos, como reitera el liderazgo comunitario, es el déficit histórico de información. Desde hace décadas, las instituciones estatales no han comunicado con claridad las acciones afirmativas dirigidas a estas comunidades, lo que genera que muchos derechos reconocidos en la Ley 70 y desarrollados posteriormente en la política distrital, sean desconocidos por las comunidades. Henry Oviedo recuerda que esta falta de divulgación no es nueva: las entidades públicas han tenido la obligación de informar desde 1991, pero la brecha sigue abierta. Para él, este vacío afecta la apropiación de la política, y la posibilidad de que la ciudadanía afro incida en su ejecución y en la continuidad de los procesos, especialmente en los consultivos locales y distritales que cumplen papel clave en la orientación del trabajo territorial.
Respecto de lo educativo, eje significativo de la política, Jorge Lara enfatiza que existen oportunidades concretas como becas técnicas, tecnológicas, universitarias, de posgrado y apoyos para estudios en el exterior que podrían transformar la vida de cientos de jóvenes afro en Bogotá. El problema no es solo la existencia de estos programas, pues muchos jóvenes desconocen cómo acceder a ellos. Según explica. Canales como ICETEX, las entidades distritales y las universidades públicas y privadas cuentan con rutas de acceso, descuentos y fondos especiales, incluido el Fondo de Comunidades Negras, pero la falta de orientación y de acompañamiento produce que estas oportunidades no siempre lleguen a quienes las necesitan, vacío informativo que se convierte en una barrera estructural que profundiza la desigualdad.
Las voces comunitarias señalan que la política ha logrado avances importantes, como la consolidación de las Casas Afro, espacios que funcionan como centros de identidad cultural, acompañamiento y liderazgo político. Aunque algunas de estas iniciativas enfrentaron intentos de cierre en el pasado, la persistencia de lideresas como Teresa Rosales y Nelly Santana permitió sostenerlas y consolidarlas. Estos escenarios son fundamentales para la implementación de esta Política porque fortalecen procesos de memoria, formación y asesoría territorial que orientan a la comunidad en temas como acceso a derechos, participación en consultivas, identidad cultural y pedagogía afrodescendiente.
Pese a los avances, la percepción en las comunidades aún es mixta: se reconocen logros puntuales, pero también se siente que falta mayor compromiso estatal para garantizar que la política trascienda lo simbólico y se convierta en acciones permanentes. La continuidad depende en gran medida de la articulación interinstitucional, del presupuesto que los gobiernos asignen en cada cuatrienio y del fortalecimiento de los consultivos locales, encargados de hacer seguimiento y garantizar que la voz comunitaria siga presente.
El papel de la educación emerge como motor poderoso de transformación social. Tal como afirma Jorge Lara: “La educación transforma territorios. Un joven afro que accede a la universidad cambia su vida y la de su familia”. Esta visión resume uno de los principios centrales de la política: reducir brechas estructurales a través del acceso real y equitativo a oportunidades educativas, laborales y culturales que permitan a las comunidades afro vivir en una Bogotá más justa, visible e incluyente.
Este reportaje contó con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial utilizada exclusivamente para la revisión de ortografía, gramática y coherencia textual, y su revisión final corrió por cuenta de un redactor.
