Por: Danniela Rodríguez
El organismo, encargado de ejecutar arrestos y deportaciones de inmigrantes en situación irregular, opera actualmente con un déficit que ronda los 1.000 millones de dólares, según informes oficiales de Axios.
La situación ha generado alarma en Washington y revive tensiones sobre el modelo de política migratoria del actual mandatario, cuya estrategia de mano dura implica un costo creciente para las finanzas federales, y nuevas disputas legales y éticas.
Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Trump ha presionado a ICE para mantener un mínimo de 3.000 detenciones diarias de inmigrantes sin papeles. Esta cifra se traduce en una operación de escala nacional con costos altísimos, transporte, alimentación, alojamiento y atención médica en centros de detención que hoy superan ampliamente la capacidad presupuestaria de la agencia.
En un intento por sostener la campaña de arrestos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha tenido que redirigir al menos 500 millones de dólares desde otras divisiones. Sin embargo, el déficit sigue creciendo.
Para resolver la crisis, Trump impulsa en el Congreso una ambiciosa propuesta de ley que ha bautizado como el Big Beautiful Bill, jugada mediática que busca inyectarle hasta 75.000 millones de dólares en cinco años al sistema migratorio, incluyendo personal, infraestructura y capacidad de detención ampliada.
El proyecto ha sido criticado por su contenido polémico, entre otros factores porque contempla recortes severos a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos (SNAP) para financiar las operaciones de ICE, que ha generado rechazo, incluso en sectores conservadores del Congreso, preocupados por el costo político de desfinanciar la red de protección social en un año electoral.
Mientras se debate el destino presupuestal de ICE, las operaciones siguen activas y en algunos casos se expanden. En las últimas semanas la agencia ha adjudicado contratos sin licitación a empresas privadas como CoreCivic y The Geo Group, grandes operadoras de centros de detención migratoria, como lo reveló una investigación de AP News, que advierte sobre la reapertura de centros cerrados sin consulta previa con autoridades locales.
Trump ha dejado clara su estrategia política: endurecer la política migratoria y usarla como símbolo de fuerza frente a su base. En este contexto, ciudades gobernadas por demócratas se han convertido en blanco preferente de las redadas, mientras que ICE ha redoblado operaciones en Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Mientras se definen los próximos pasos legislativos, los efectos se sienten en las comunidades migrantes. El temor a ser arrestados ha hecho que miles de inmigrantes eviten acudir a hospitales, escuelas o programas de asistencia, que pone en riesgo su salud y la de sus familias.
A corto plazo, ICE depende de una ampliación presupuestaria urgente o del uso unilateral de poderes ejecutivos por parte del presidente Trump, que aunque no lo ha declarado oficialmente, ha sugerido que podría recurrir a una emergencia nacional para redirigir fondos del Departamento de Defensa, como durante su primer mandato para construir el muro fronterizo. La medida, sin embargo, enfrentaría fuertes objeciones legales y posiblemente terminaría ante la Corte Suprema.
En paralelo, analistas advierten que esta estrategia migratoria agota los recursos públicos, y tensiona las bases constitucionales del país. Trump no ha dado señales de moderación, y, por el contrario, exige más detenciones, más fondos y más confrontación.
