Cien días después de la salida forzada de Nicolás Maduro, Venezuela transita una etapa de redefinición política marcada por la intervención de Estados Unidos, la consolidación de Delcy Rodríguez y una oposición que denuncia haber sido marginada del proceso de transición.
El balance, lejos de ser concluyente, revela avances económicos puntuales y profundas tensiones sobre la legitimidad democrática del nuevo orden.
Entre la estabilización impulsada por Estados Unidos y una economía que no despega
El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con la captura de Maduro, reconfigurando de inmediato el poder en Caracas. Desde entonces, Washington ha jugado un rol determinante: lideró la fase inicial de estabilización, flexibilizó sanciones clave, incluidas las del sistema financiero y petrolero y promovió el reingreso de Venezuela a organismos multilaterales.
Este respaldo ha permitido señales de apertura económica, como acuerdos energéticos con empresas internacionales y un renovado interés de inversionistas en la deuda venezolana. Sin embargo, la mejora macroeconómica aún no se traduce en bienestar cotidiano: persisten salarios insuficientes, desigualdad y una dolarización informal que evidencia la fragilidad estructural del país.
En el plano político, la estrategia estadounidense ha sido pragmática: en lugar de impulsar un relevo inmediato, ha respaldado a Rodríguez como figura de transición, priorizando estabilidad y acceso a recursos energéticos.
Este enfoque ha generado críticas internacionales y ha reconfigurado las alianzas regionales, incluyendo un acercamiento con Colombia en temas energéticos y de seguridad.
¿Cuál ha sido el papel de la oposición del régimen?
Mientras Washington consolida su influencia, la oposición, encabezada por María Corina Machado, enfrenta uno de sus momentos más complejos. Aunque reivindica haber ganado legitimidad en procesos previos, ha sido excluida de las decisiones centrales y obligada a actuar desde el exilio, denunciando un “congelamiento” del proceso democrático.
Machado insiste en la necesidad de elecciones inmediatas, pero los plazos constitucionales han sido ignorados y la correlación de fuerzas favorece al oficialismo reconfigurado. La promesa de transición democrática sigue sin fecha, lo que alimenta frustración social y mantiene latente la conflictividad política.
En este escenario, Delcy Rodríguez ha logrado consolidarse como la figura central del poder. Designada presidenta encargada con respaldo institucional y militar, su gestión combina reformas limitadas con control político. Ha impulsado medidas como una ley de amnistía, que benefició a miles pero dejó a centenares aún detenidos, y programas de reforma judicial, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan su alcance.
Rodríguez ha buscado proyectarse como garante de estabilidad y puente con Estados Unidos, pero su gobierno se mueve en una ambigüedad constante: entre la continuidad del chavismo y la promesa de una apertura democrática que aún no se concreta. Cien días después, Venezuela no está en el mismo punto, pero tampoco ha llegado a un nuevo destino: se encuentra, más bien, en una transición suspendida, donde el poder cambió de manos, pero no necesariamente de lógica.
