La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia se encuentra en su fase inicial de concertación tripartita, con el gobierno proponiendo un alza del 11% que elevaría el salario base de 1.423.500 a aproximadamente 1.580.085 pesos mensuales, más auxilio de transporte ajustado a unos 222.000 pesos para un total cercano a 1.802.085 pesos. Esta puja, que inició formalmente este 1 de diciembre de 2025, enfrenta posiciones divergentes: sindicatos respaldan el 10-11%, gremios empresariales apuntan a no más del 7% alineado con inflación y productividad cercana a cero, en un contexto de informalidad laboral superior al 55% que limita el impacto real.
Posiciones en la mesa de concertación
El gobierno, liderado por figuras como el ministro del Interior Armando Benedetti, insiste en el 11% para reducir desigualdades y jalonar consumo, mientras Fedesarrollo y gremios como Fenalco recomiendan 6-7% basado en inflación del 5,51% y bajo crecimiento económico. Los sindicatos mantienen el 10%, y la brecha de 4 puntos porcentuales es menor que en años previos, lo que abre espacio para consenso antes del plazo del 15 de diciembre o decreto presidencial al 30 de diciembre.
Análisis del profesor John Freddy Gómez
El profesor John Freddy Gómez Cely describe la discusión como una puja anual entre Estado, trabajadores y empresarios, donde el salario mínimo solo impacta directamente al 44% de ocupados formales, dejando al 55,8% en informalidad sin seguridad social plena. Destaca alzas históricas recientes —10% en 2022, 16% en 2023, 12% en 2024 y 9,54% en 2025— sin desborde inflacionario sostenido, cuestionando teorías clásicas y enfatizando factores como altas tasas de interés y revaluación del peso que moderan precios pese a incrementos salariales.
Gómez subraya que la base de negociación son inflación (5,5% mensual en octubre 2025) y productividad, con propuestas actuales razonables al estar solo 4-5 puntos sobre la inflación, a diferencia de brechas mayores en el pasado.
Inflación, costos y mercado laboral
Proyecciones sitúan la inflación en 3,6-5,1% para 2026, permitiendo un alza real si se concreta por encima del 5,51% actual, aunque un 11% elevaría costos laborales totales para empleadores a más de 2 millones por trabajador mínimo. La informalidad, en 55-57% según DANE reciente, hace que el mínimo beneficie tangencialmente a la mayoría, priorizando reformas para formalización en lugar de alzas aisladas.
Empresas argumentan que mayores salarios transfieren costos a precios, pero Gómez nota que en el siglo XXI el consumo depende más de crédito restringido por tasas altas del Banco de la República que de salarios solos.
Implicaciones políticas y productivas
Gómez enmarca la negociación como debate nacional sobre modelo de desarrollo, donde el conflicto debe resolverse vía consenso tripartito, más allá de privados versus trabajadores. En coyuntura preelectoral, un alza generosa podría capitalizar apoyo para proyectos progresistas como el del Frente Amplio que parece desdibujarse ante la más reciente encuesta que pone en primer lugar, y con amplia ventaja a Iván Cepeda frente a otros candidatos de la orilla de la izquierda.
Sorpresas en la más reciente encuesta presidencial para el 2026
Sectores como agricultura (crecimiento 4%) y comercio (5,1%) impulsan PIB, pero minería-energía (-7%) y construcción en burbuja especulativa demandan equilibrio para competitividad. Un acuerdo razonable fortalecería el proyecto de nación sin desestabilizar empleo formal.
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