Por: Danniela Rodríguez
La decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revive el debate sobre los límites del poder ejecutivo para designar personal diplomático, especialmente cuando la meritocracia es reemplazada por la lealtad política.
La sentencia concluye que el Gobierno del presidente Gustavo Petro incurrió en una omisión sustancial al no priorizar a funcionarios escalafonados en el servicio exterior, como exige la Ley 274 de 2000. Según el fallo, había funcionarios diplomáticos de carrera que reunían las condiciones necesarias para ocupar el puesto de consejero que debieron ser considerados antes de optar por un nombramiento externo.
El nombramiento de Guanumen no estuvo exento de controversia desde su publicación. Aunque es politólogo de formación y ha trabajado como asesor legislativo, su mayor visibilidad pública provino de su participación en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que operó como estratega digital, contexto en el que fue protagonista de los llamados petrovideos, filtraciones que revelaron cómo parte del equipo de campaña discutía tácticas de comunicación agresivas contra los rivales políticos del entonces candidato.
A pesar de esa exposición mediática y de la falta de trayectoria diplomática, el presidente Petro lo designó mediante el Decreto 0214 del 14 de febrero de 2024 como consejero de relaciones exteriores en la misión diplomática en Santiago de Chile.
El Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), expresó su inconformidad, alegando que el cargo debía ser ocupado por personal de carrera y no por nombramientos políticos.
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señala que el Gobierno vulneró el marco legal al obviar a varios funcionarios que cumplían con los requisitos, el tribunal identificó al menos una funcionaria que tenía derecho preferencial al cargo y reportó que otros seis funcionarios cumplían con experiencia y tiempo en el servicio para ser considerados.
El fallo menciona que había 17 diplomáticos en servicio externo con más de 13 meses de experiencia, lo que los hacía elegibles según la reglamentación vigente, por lo tanto, se concluyó que el Ejecutivo actuó en contravía del orden jurídico y del principio de carrera administrativa al designar a Guanumen sin agotar las posibilidades dentro del personal escalafonado.
Esta es una más de varias decisiones judiciales que han tumbado nombramientos diplomáticos del actual gobierno por no respetar los procedimientos establecidos para el servicio exterior.
La anulación del cargo de consejero no implica al menos de forma directa la cancelación de su otro nombramiento en la embajada, el de embajador en funciones. Guanumen fue designado embajador en marzo de 2024, aunque no está claro si fue formalmente posesionado ante el gobierno chileno.
La situación de Sebastián Guanumen no es aislada, según informes del propio Semrex, desde 2022 se han incrementado los nombramientos diplomáticos sin concurso ni trayectoria en el servicio exterior. Aunque la ley permite cierto margen para designaciones políticas, el espíritu del marco legal apunta a fortalecer la carrera diplomática como eje de profesionalización y estabilidad en la política exterior.
Para algunos analistas, la insistencia del gobierno en ubicar personas cercanas al proyecto político en cargos estratégicos refleja una tensión histórica entre el poder presidencial y la institucionalidad.
El Gobierno aún tiene la posibilidad de apelar el fallo ante el Consejo de Estado, sin embargo, dado el precedente de decisiones similares, parece difícil que la justicia revierta una interpretación que busca proteger el principio de carrera diplomática.
