El 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó sentencia contra Álvaro Uribe Vélez, encontrándolo responsable de haber manipulado el curso de un proceso judicial mediante presiones a testigos clave. La audiencia, seguida con atención a nivel nacional e internacional, selló el destino judicial del expresidente con una condena que incluye una multa superior a los 3.400 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, la jueza consideró que existieron acciones deliberadas para alterar testimonios en su beneficio, como los intentos de influenciar a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo en su contra. En palabras del despacho judicial, Uribe habría utilizado su posición e influencia para manipular la verdad.
La decisión no solo sacude el panorama político, a menos de un año de las elecciones presidenciales, sino que también enfrenta al país con preguntas de fondo sobre la impunidad y la equidad ante la ley. Desde la oposición se celebra el fallo como una victoria de la institucionalidad, mientras que sus seguidores lo califican como una persecución motivada políticamente.
El expresidente, por su parte, ha negado cualquier irregularidad, y su equipo legal ya anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá. De no prosperar dicha acción, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.
El impacto no se limita al terreno legal. Este proceso podría redefinir el legado de quien durante décadas fue una de las figuras más poderosas de Colombia, y ya se habla del “juicio del siglo”.
