El pasado 11 de junio, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto con el que convoca a una Consulta Popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Reforma Laboral que su gobierno no ha logrado sacar adelante en el trámite del Congreso.
Según el Gobierno, se trata de un ejercicio legítimo de democracia directa, avalado por la Ley 1757 de 2015, que establece los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, desde diversos sectores políticos se ha abierto el debate sobre si el presidente está actuando dentro del marco constitucional o si está forzando los límites institucionales.
Para entender el alcance jurídico, político y la trascendencia de esta decisión, en UNIMINUTO Radio hablamos con Esteban Salazar, analista político, magíster en Gerencia para el Desarrollo y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales quien afimó, “el presidente busca siempre ganar con cara y con sello”, esto al explicar que, tras el archivo de la Reforma Laboral en el Congreso, el mandatario recurrió a la figura de la Consulta como forma de presión agotando todas las posibilidades que estén a su alcance, “ese mecanismo sirvió para revivir la discusión en el Legislativo y volver a poner el tema en la agenda pública”, aseguró Salazar.
Sobre la validez del decreto, Salazar indicó que la Consulta debía pasar por el Congreso, pero lo que ahora se pone en la mesa de discusión es este pronunciamiento ocurrió formalmente debido a que hay opiniones divididas en el sector político, “para quienes dicen que sí se pronunció, el decreto tiene un vicio de trámite y nacería muerto. Pero otros sostienen que, al no haberse surtido correctamente el procedimiento legislativo, el Congreso en realidad no se pronunció. Y, según la Ley 1757, esa omisión habilita al presidente para emitir el decreto”, explicó Salazar.
¿Quién tiene la última palabra sobre este decreto?
El debate ahora se traslada del terreno político al jurídico, “la Corte Constitucional o el Consejo de Estado tienen la última palabra. Hay más de 20 demandas presentadas contra el decreto”. En ese sentido, la suerte de la Consulta dependerá de si estos tribunales consideran que el Gobierno actuó dentro del marco legal o si incurrió en una extralimitación.
Adicionalmente el experto insistió en que no se debe caer en alarmismos, ya que los mecanismos de control están activos, “yo hago un llamado a la calma, a que no hayan alarmismos innecesarios dentro de la opinión pública. Para eso están las altas cortes, que serán las que se pronunciarán en última instancia, y el presidente tendrá que someterse a esas decisiones”.
¿Está en riesgo la democracia del país?
Una fuerte ola de críticas surgió tras el anuncio de la firma del decreto, y diversas voces han calificado como un “autogolpe de Estado” o un ataque al orden institucional, Salazar fue enfático en desmentir esa narrativa, realizando un llamado a la calma, al no alarmismo, dando a entender el solido poder democrático con el que cuenta Colombia, “tenemos que ser responsables. Hablar de golpe institucional por un decreto es poco serio. Nuestra democracia es sólida, con más de mil alcaldes, 32 gobernadores, más de 20 mil funcionarios judiciales y órganos de control. Nadie ha sido removido, perseguido ni silenciado. Lo que hay es una interpretación política al límite, pero dentro de los canales legales”, explicó Salazar.
¿Cuánto es el umbral de votación para que la Consulta Popular se lleve a cabo?
El debate también se extiende a la viabilidad electoral de la Consulta. La ley establece que para que las preguntas sean vinculantes, deben superar un umbral superior a los 13 millones y medio de votos. Salazar comparó esta nueva Consulta con el proceso de participación ciudadana que se realizo en el año 2018 con la Consulta anticorrupción de 2018, la cual contaba con solo siete preguntas y no logró alcanzar el umbral, “para hablar en una posición política sería, si la oposición sabe que el Gobierno Nacional no tiene mayorías en el congreso ni tampoco las mayorías en las calles le debieron aprobar la Consulta Popular al presidente, con los cálculos que hacemos quienes ejercemos análisis político sabemos que si la Consulta anticorrupción con 7 preguntas no alcanzó 12 millones de votos, en este momento difícilmente una Consulta de 12 o 16 preguntas alcanzará un umbral superior a los 13 millones y medio de votos y acto seguido, el presidente tendría un fracaso estrepitoso en materia electoral para la campaña presidencial del próximo año”, mencionó Salazar.
¿Se requieren 13 millones de votos por cada pregunta o en general para la aprobación de la Consulta Popular?
El umbral se aplica tanto al total como a cada una de las preguntas, “en ambos escenarios, el requisito del umbral es más de 13 millones y medio de votos. Eso implica que cada una de las preguntas debe superar ese umbral” aclaró Salazar.
Además, explicó que la validación de las respuestas depende de que el “sí” en cada pregunta logre ese número de votos, “un ejemplo claro es; la Consulta Popular alcanza mas de 13 millones y medio de votos pero cada una de las preguntas como tiene de respuesta el SI o el NO, en caso donde el SI no supere el umbral de los 13 millones y medio de votos pues no será valida. Es algo que pasó en la Consulta anticorrupción, había preguntas que tenían alrededor de 11 millones y medio en su totalidad y el SI fue mayoría pero no alcanzo el umbral definitivo que eran mas de 12 millones de votos, por lo cual no fue valida”
Por lo tanto, el reto no es solo movilizar votantes, sino asegurar un respaldo masivo y sostenido en cada una de las preguntas que se presenten.
Un llamado a la calma y al buen manejo de la opinión pública
En cuanto al impacto político de este pulso institucional, el país debe mantener la calma y confiar en los mecanismos de control democrático. Es fundamental no caer en el ruido mediático ni en posiciones extremas que desinforman y polarizan a la ciudadanía, “el poder presidencial de un decreto que convoca una Consulta Popular, que es un mecanismo legal e institucional, no puede ser la excusa para que la oposición genere más alarmismo. Al final, puede que esto sea tumbado por la Corte”, afirmó.
Reiteró que no se trata de un acto de autoritarismo, sino del uso de una herramienta legal sujeta a los contrapesos del sistema, “hoy no hay que temerle al decreto ni a los mecanismos de participación ciudadana, porque el poder del presidente no es absoluto, es un poder que tiene pesos y contrapesos en la rama legislativa y judicial”, concluyó el experto político, Esteban Salazar.
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