El Museo de Memoria de Colombia (MMC), concebido hace más de una década como pilar de la reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado y declarado proyecto de importancia estratégica nacional en 2017, intenta resurgir de sus propias ruinas. Tras años convertido en un costoso “elefante blanco” una estructura de concreto abandonada en el corazón de Bogotá, el proyecto ha sido formalmente reactivado en el segundo semestre de 2025. Nuevos contratos con Patrimonios Autónomos Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Derivados, una inversión superior a los $37.000 millones y un renovado cronograma buscan cumplir la promesa original de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) . Sin embargo, la reactivación se da en medio de un complejo entramado legal derivado del contrato fallido y bajo la sombra de una inconsistencia administrativa sistémica que, según documentos internos, persistió durante más de diez años dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El costoso fracaso de la Fase I
El origen de la parálisis se remonta a 2020, cuando la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), actuando bajo convenio con el CNMH, adjudicó la construcción a la firma española Obrascon Huarte Lain S.A. (OHLA) por $64.281 millones. El plazo de ejecución era de 24 meses, con fecha de entrega prevista para octubre de 2022. Sin embargo, la obra quedó abandonada con un avance reportado del 78%.
Los problemas no tardaron en aparecer. OHLA, una empresa con antecedentes controversiales en otros proyectos nacionales (Aerocafé, vía Curos-Málaga) e internacionales, acumuló retrasos significativos. Informes de la Procuraduría y la Contraloría alertaron sobre fallas técnicas (empozamientos, problemas en acabados), incumplimiento de especificaciones, falta de calidad en procesos constructivos, presuntos sobrecostos y una supervisión deficiente, advirtiendo sobre el inminente detrimento patrimonial.
La situación se agravó por la estructura contractual: una fiducia mercantil bajo derecho privado, que, según denuncias, limitó la capacidad de la ANIM para aplicar sanciones contundentes como la caducidad del contrato. Aun así, la ANIM inició tres procesos de multas contra OHLA que suman cerca de $4.400 millones, aunque solo la primera ($642 millones) estaría confirmada. La liquidación del contrato se empantanó aún más cuando OHLA no presentó la documentación requerida antes del plazo (abril de 2024), obligando a la ANIM a un proceso unilateral.
El conflicto escaló al ámbito judicial. En respuesta a las sanciones, OHLA demandó a la ANIM y a la Fiduciaria Scotiabank Colpatria por cerca de $23.000 millones. La demanda fue admitida en enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, añadiendo una capa de complejidad legal y financiera al futuro del proyecto. El desenlace de este litigio y el cobro efectivo de las multas impuestas por la ANIM siguen siendo inciertos.
La Inercia de una década
Paralelamente al fracaso de la obra física, un análisis profundo de los documentos internos del CNMH, específicamente los Acuerdos de Gestión anuales de sus directivos entre 2012 y 2024, revela una alarmante inconsistencia administrativa. Durante 11 años consecutivos (2013-2024), las metas evaluables clave relacionadas con el museo se mantuvieron textualmente idénticas:
- La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) tenía como objetivo recurrente “Garantizar la administración de los recursos para… la Puesta en Marcha del Museo”.
- La Dirección del Museo debía “Avanzar en el desarrollo de los componentes asociados a la puesta en marcha” y “Aprobar el 100% de los documentos relacionados con el guion museológico y museográfico”.
Este patrón estático contrasta radicalmente con el mandato formal del propio CNMH, plasmado en la caracterización del proceso misional del museo, que incluye inequívocamente la actividad de “Gestionar el proyecto de infraestructura física”. Al omitir sistemáticamente esta actividad crucial de las metas evaluables, la entidad pudo reportar cumplimientos administrativos del 100% en la “puesta en marcha” (como ocurrió en 2017 y 2020), a pesar de que la obra estaba detenida. Esto sugiere una inercia burocrática donde las métricas internas se divorciaron de la realidad material, fallando en reflejar y gestionar el principal obstáculo del proyecto. Los manuales internos exigían una supervisión rigurosa con “alerta temprana” ante incumplimientos, pero este mandato parece no haberse traducido en acciones efectivas reflejadas en la evaluación gerencial durante años.
Mientras tanto, el trabajo conceptual (guion, política de colecciones) sí avanzó, convirtiéndose en el foco principal de la gestión reportada, aunque no exento de controversias, como la intervención de la JEP para asegurar la inclusión de ciertas voces.
Inactividad a pesar de la reactivación
La gestión actual del CNMH, bajo la dirección de María Gaitán, logró finalmente destrabar el proyecto. En coordinación con la ANIM (dirigida por Nicolás Corso) y con recursos asegurados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se adjudicó la Fase II. El Consorcio Memorial y el Consorcio Internacional ING asumieron obra e interventoría respectivamente.
Sin embargo, la reactivación contractual no se ha traducido en actividad física, una situación que, según expertos legales, plantea un nuevo riesgo de incumplimiento.
- Análisis legal, el riesgo de una reincidencia
El señor Fernández, abogado especialista en derecho administrativo (quien solicitó anonimato en la publicación), advierte del riesgo en el contraste entre el anuncio y la realidad de la obra.
Según Fernández, la inacción compromete a la Gerencia y a los Ejecutores en dos escenarios:
- Si el Acta de inicio NO está firmada, pues La Gerencia (CNMH y ANIM) estaría “incumpliendo su deber de gestión al no formalizar el comienzo del plazo y están es dilatando una obra que el DNP ya financió”.
- Si el Acta de inicio SÍ está firmada, en este caso el nuevo ejecutor, Consorcio Memorial, estaría incurriendo en un “incumplimiento temprano”, repitiendo el patrón de fracaso que paralizó el proyecto.
Fernández destaca los antecedentes de la obra como señal de alerta: “Es muy grave, pues el contratista anterior ya causó un detrimento. La inacción actual, a pesar de la multimillonaria reactivación, expone al Estado a mayores costos por reajustes”.
El experto insiste en la responsabilidad de la Interventoría (Consorcio Internacional ING): “Acá importan mucho los entes de Vigilancia y Control para forzar la transparencia. (…) Si hay inactividad, la interventoría debe ser la primera en formalizar la queja ante el Centro Nacional de Memoria”.
La voz ciudadana
Mientras el entramado contractual y administrativo se desenreda, la ciudadanía mantiene altas expectativas sobre el significado del proyecto. Un análisis de encuestas recientes sobre el proyecto revela una demanda por parte de ciudadanos:
Prioridad absoluta – Transparencia. La principal preocupación para la ciudadanía al retomar la obra es la transparencia en el manejo de recursos, seguida de la calidad y seguridad de la construcción. Esto ratifica que los encuestados no solo desean que se termine la infraestructura, sino que se eviten los errores del pasado.
Valor misional – La ciudadanía reconoce el valor de la memoria para evitar repetir episodios de violencia, esperando que el museo “presente información verídica y honesta”, “sirva para que las nuevas generaciones conozcan la historia” y “honre a las víctimas”.
Demanda de accesibilidad – La expectativa más clara es que el museo sea gratuito, público y realmente accesible, cumpliendo su función social como herramienta de memoria colectiva.
El presupuesto 2025 para el proyecto asciende a $39.858 millones, reforzado con una adición de $3.360 millones a mitad de año. Los informes de ejecución presupuestal muestran los primeros signos financieros de la reactivación a partir de julio de 2025, con un salto en los compromisos ($8.224 millones acumulados), seguido de un aumento gradual en obligaciones ($1.758 millones a septiembre) y pagos ($403 millones a septiembre). Aunque la ejecución de pagos aún es incipiente (1% del presupuesto anual a septiembre), es consistente con el reinicio de una obra compleja.
El nuevo plazo es de 14 meses, con miras a una apertura parcial a finales de 2026. El CNMH ha actualizado sus políticas de gestión de riesgos y prevención del daño antijurídico, poniendo énfasis explícito en los riesgos contractuales.
El desafío ahora es doble
Culminar la infraestructura física dentro del nuevo plazo y presupuesto, para evitar repetir los errores del pasado, y asegurar que el contenido museológico dialogue efectivamente con las memorias plurales de las víctimas, cumpliendo finalmente el mandato reparador que dio origen al proyecto hace más de una década. La mirada de los entes de control, las víctimas y la ciudadanía estará puesta sobre cada avance de esta largamente esperada reactivación.
