El caso se originó en la compra de 40 carrotanques para La Guajira, con presuntos sobrecostos y una red de decisiones administrativas y políticas que terminó en procesos disciplinarios, fiscales y penales.
2025: avances institucionales y nuevos capítulos
En julio, la Procuraduría confirmó sanciones de destitución e inhabilidad contra exdirectivos, señalando responsabilidad por sobrecostos.
En paralelo, la Fiscalía avanzó con imputaciones por nuevos hechos y presuntas irregularidades en direccionamiento de contratos.
Y hacia noviembre, la Contraloría realizó imputaciones fiscales por sobrecostos, reforzando el componente patrimonial del caso.
Además, medios y organizaciones de transparencia publicaron balances y seguimientos que muestran la complejidad del entramado y la dificultad de cerrar el caso solo con “un culpable”.
La pregunta de fondo
Este escándalo dejó una discusión que va más allá de nombres: ¿cómo se blindan los recursos de atención a emergencias en un Estado donde contratación, urgencia y política a veces se mezclan peligrosamente?
