El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue herido de bala durante un acto público en el occidente de Bogotá. El atentado no lo mató de inmediato: siguieron semanas de hospitalización y una expectativa nacional alimentada por comunicados médicos, cadenas de oración y pronunciamientos políticos. Dos meses después, el 11 de agosto, el senador murió por complicaciones derivadas de las heridas.
Por qué este crimen sacudió al país
El impacto no se limitó a la figura del senador. La muerte de Uribe Turbay reabrió un debate estructural: qué tan protegido está el ejercicio democrático en un país que todavía convive con economías ilegales, grupos armados y polarización. La escena —un ataque a plena luz del día, en un evento político— reactivó el fantasma de los magnicidios y la idea de que la violencia puede reaparecer como herramienta para silenciar o intimidar. El caso fue leído como un golpe directo a la posibilidad de una contienda electoral segura en 2026.
Lo que dejó instalado para el resto del año
Tras el atentado y la muerte, el país entró en un ciclo de exigencias de verdad y garantías: revisión de esquemas de seguridad, discusiones sobre discursos de odio, control de armas, y responsabilidades institucionales. Las autoridades hablaron de capturas e investigación en curso, mientras la ciudadanía se movió entre el duelo y la desconfianza. El resultado fue un clima político más tenso: 2025 terminó con la sensación de que la campaña de 2026 no solo será una disputa de ideas, sino también una prueba de seguridad democrática.
