Las acciones, que dejaron civiles muertos y heridos, provocaron protestas, investigaciones oficiales y llamados al Congreso para revisar los límites del uso de la fuerza por parte de esta agencia federal.
ICE, por sus siglas en inglés (U.S. Immigration and Customs Enforcement), fue creado en 2003, durante el gobierno de George W. Bush, como resultado de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, posterior a los atentados del 11 de septiembre. La agencia surgió de la fusión de funciones del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza y nacional.
¿Qué es ICE y cuál es su función?
ICE es una agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de:
- Aplicar las leyes migratorias, incluyendo detenciones y deportaciones de personas sin estatus legal.
- Investigar delitos transnacionales, como tráfico de personas, narcotráfico, fraude, contrabando, lavado de dinero y terrorismo.
- Ejecutar operativos de control migratorio dentro del territorio estadounidense.
Actualmente, la agencia cuenta con más de 20.000 empleados y opera en más de 400 oficinas dentro y fuera de Estados Unidos, con sede en Washington D. C.. Su presupuesto anual asciende a cerca de 8.000 millones de dólares, financiados por el Congreso con respaldo históricamente bipartidista, aunque su expansión ha sido impulsada especialmente por administraciones republicanas como la de Donald Trump. Sin embargo, durante el gobierno de Barack Obama también se registraron cifras récord de deportaciones, según abogados de Inmigración Nacional (consumer law Group)
ICE se divide principalmente en dos áreas operativas:
- Enforcement and Removal Operations (ERO), responsable de arrestar, detener y deportar personas que violan las leyes migratorias.
- Homeland Security Investigations (HSI), encargada de investigar delitos criminales complejos y transnacionales.
Video tomado de: Tik Tok @sombrapinedasd.
Los hechos que encendieron la polémica
En enero de 2026, las autoridades federales desplegaron en Minneapolis la Operation Metro Surge, un operativo de gran escala que involucró a agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Entre los hechos más graves reportados se encuentran:
- 7 de enero: un agente de ICE disparó y mató a Renée Good, una mujer de 37 años, durante un operativo en South Minneapolis. El DHS afirmó que el agente actuó en defensa propia, al considerar el vehículo de la víctima como una amenaza inminente. No obstante, autoridades locales y organizaciones civiles cuestionaron esa versión y exigieron una investigación independiente.
- 14 de enero: un hombre resultó herido de bala en la pierna durante otro operativo en North Minneapolis.
- Protestas sostenidas: las acciones federales desataron manifestaciones masivas, enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y reclamos para que ICE reduzca su presencia en la ciudad.
Imagen tomada de: Autoridades reaccionan a video de últimos momentos de Renee Good .
A estos hechos se suma un incidente diplomático, luego de que se denunciara que un agente de ICE intentó ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis, lo que derivó en una protesta formal del gobierno ecuatoriano por una posible violación al derecho internacional.
¿Cuándo puede ICE usar fuerza letal?
El uso de fuerza letal por parte de agentes federales está estrictamente regulado por las directrices del Departamento de Seguridad Nacional. Un agente solo puede disparar su arma cuando:
- Existe una creencia razonable de peligro inminente de muerte o daño físico grave para el propio agente o para terceros.
- No hay otras alternativas viables para neutralizar la amenaza.
En el caso de una persona que huye, la normativa establece que no se puede usar fuerza letal únicamente para evitar su escape, salvo que represente una amenaza grave e inmediata para la comunidad.
ICE bajo creciente escrutinio
Los recientes tiroteos han intensificado el debate nacional sobre el papel de ICE y el alcance de sus facultades. Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia y rendición de cuentas, mientras que legisladores y autoridades estatales exigen revisar los protocolos de uso de la fuerza y la coordinación entre agencias federales y locales.
El gobernador de Minnesota y varios líderes comunitarios han cuestionado la versión oficial de los hechos y reclamado una mayor participación de las autoridades estatales en las investigaciones, en un contexto donde ICE vuelve a ser símbolo de una política migratoria profundamente divisiva en Estados Unidos.
