El caso de Juliana Andrea Guerrero Jiménez no es un episodio menor dentro del panorama político
colombiano. Su ascenso como figura cercana al Gobierno y su posterior nombramiento como viceministra de Juventudes desataron uno de los escándalos más reveladores de los últimos años. La polémica explotó cuando surgieron serias dudas sobre la legitimidad de sus títulos profesionales, otorgados por la Fundación Universitaria San José. Según diversas investigaciones periodísticas, Guerrero habría recibido un diploma de contadora pública sin cumplir requisitos obligatorios como la presentación de las pruebas Saber Pro o Saber TyT. Como reportó El Colombiano, “los documentos allegados al proceso demostrarían que la funcionaria no presentó las pruebas Saber y aun así recibió el título académico”, una irregularidad que encendió todas las alarmas.
Ante la gravedad del caso, la Fiscalía abrió una investigación por presunta falsedad en documento, falsedad personal y fraude procesal, tanto contra Guerrero como contra directivos de la institución educativa. Paralelamente, el Ministerio de Educación inició una pesquisa preventiva para examinar la expedición de títulos dentro de la Universidad San José. Según Focus Noticias, la investigación “no se limita al caso de Guerrero, sino que incluye otros diplomas emitidos en circunstancias similares, lo que podría indicar un patrón irregular dentro de la institución”.
Uno de los puntos más contundentes fue la confesión del entonces secretario general de la Fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien aceptó por escrito haber expedido el título aun sabiendo que no se cumplían los requisitos. Citado por Infobae, declaró: “Asumo plena, absoluta e incondicional responsabilidad por la expedición del título de la estudiante Juliana Guerrero”. La institución lo destituyó y procedió a anular el diploma.
Guerrero, por su parte, aseguró que no aspiraría finalmente al cargo de viceministra y calificó las denuncias como una “campaña de desprestigio carente de fundamento legal”.La congresista Jennifer Pedraza, quien denunció el caso, insinuó además posibles influencias políticas de mayor alcance, señalando que “no le sorprendería que hubiera mano de Benedetti” detrás de la protección institucional a Guerrero.
El resultado es un escenario de versiones enfrentadas, un vacío de certezas y un nuevo golpe a la confianza en la educación, el servicio público y los mecanismos de ascenso profesional en el país.
Más allá del escándalo puntual, el caso Juliana Guerrero evidencia una fisura profunda en el sistema político y educativo colombiano: la erosión del mérito como principio rector. En un país donde miles de jóvenes recién graduados se esfuerzan durante años, cumplen requisitos, pagan matrículas, presentan las pruebas Saber Pro, hacen prácticas no remuneradas y aun así luchan por acceder a un empleo digno, la sensación de injusticia es inevitable. La idea de que otros ascienden con rapidez (sin los méritos básicos) gracias a conexiones políticas, mina la confianza en las instituciones y deslegitima el esfuerzo colectivo.
Este contraste entre quienes lo tienen todo cuesta arriba y quienes lo tienen todo resuelto por cercanía al poder, es quizás uno de los elementos más indignantes de este caso. Las historias de jóvenes endeudados con el Icetex, con maestrías, cursos, certificaciones y experiencia acumulada, que aún así no encuentran oportunidades, chocan de frente con casos como el de Guerrero, que ponen en evidencia un sistema que premia la cercanía política antes que la formación y el trabajo real.
Desde lo educativo, la Universidad San José queda en entredicho. Expedir títulos sin garantizar que los estudiantes cumplan los requisitos legales convierte la formación superior en un trámite vacío.
Pero el daño es mayúsculo: cuando una universidad le falla al país, no solo traiciona su misión formativa, sino que también distorsiona el valor social del conocimiento. El Estado, por su parte, tampoco escapa. La velocidad con la que Guerrero ascendió y la aparente falta de verificación de sus credenciales expone debilidades estructurales en los procesos de selección de funcionarios públicos. Esto plantea una urgencia: fortalecer los mecanismos de verificación de hojas de vida, especialmente en cargos de alta responsabilidad. No es un asunto menor: la calidad del servicio estatal depende directamente de la preparación y legitimidad de quienes lo integran.
Finalmente, está el componente político. La percepción “real o no” de que el Gobierno buscó inicialmente proteger a Guerrero acentúa la desconfianza ciudadana. En democracia, la transparencia no es un valor decorativo: es la base del contrato social. Y cuando este se quebranta, se abre espacio a la indignación, la apatía o la radicalización.
¿Qué tipo de país queremos construir? El caso Juliana Guerrero trasciende lo jurídico o administrativo. Es un espejo incómodo que muestra cómo se distribuye el poder en Colombia, cómo se accede a él y quiénes se benefician de las grietas del sistema.
Nos obliga a preguntarnos si realmente estamos construyendo un país donde las oportunidades dependen del esfuerzo, o si aún operamos bajo lógicas de clientelismo, amiguismo y privilegios heredados. Cuando un título pierde valor, también se desvanece la esperanza de miles de jóvenes que creen “con razón” que la educación es la vía para transformar sus vidas.
El problema no es solo que existan casos irregulares: es que estos sucesos revelan un modelo en el que la meritocracia es frágil, la institucionalidad es permeable y el ascenso profesional parece más atado a relaciones y favores que a la preparación real.
La reflexión final es clara si no defendemos la integridad de la educación y el mérito, renunciamos a construir un país más justo, transparente e igualitario.
No basta con pedir sanciones. Es necesario replantear la legitimidad del servicio público.
Necesitamos universidades que respeten la ley, un Estado que verifique y proteja el mérito, y líderes conscientes de que ejercer el poder es, ante todo, un acto de responsabilidad ética con la ciudadanía. En un país que exige transformaciones profundas, este caso debe convertirse en una oportunidad para discutir cómo queremos educar, cómo queremos seleccionar a quienes gobiernan y qué tanto estamos dispuestos a exigir de quienes dicen representarnos.
