Ibagué, 11 de marzo del 2026 – En las agrestes montañas de Ituango, un operativo militar que se extendió por más de 32 horas puso fin a la vida de alias Ramiro, cabecilla del Frente 18 de las disidencias de Iván Mordisco. Su nombre llevaba más de dos décadas ligado a la violencia, y su caída marca un nuevo capítulo en la disputa por el control de Antioquia.
Ramiro nunca abandonó las armas. Tras la firma del acuerdo de paz, se apartó del proceso de reincorporación y se dedicó a fortalecer economías ilegales: narcotráfico, minería y extorsiones. En Ituango y Valdivia era visto como un fantasma que imponía miedo, responsable de ataques contra civiles y del asesinato de seis soldados en enero de este año.
La acción incluyó bombardeos aéreos, una estrategia que el presidente Gustavo Petro ha autorizado en 16 ocasiones desde que asumió el poder. El saldo fue contundente: siete muertos, un herido y la captura de una mujer, hermana del cabecilla. El propio mandatario confirmó la operación en redes sociales, subrayando que el objetivo es golpear las economías ilícitas que sostienen la guerra.
La muerte de Ramiro no solo debilita a las disidencias en Antioquia: también, abre preguntas sobre el futuro de estas estructuras. ¿Se desmoronan con la caída de sus líderes o se reacomodan bajo nuevos mandos? La captura de su hermana revela cómo las familias terminan atrapadas en la lógica de la guerra, un aspecto poco explorado en los debates sobre reintegración.
El dilema de la paz
El gobierno insiste en que la paz depende de desmontar las economías ilegales, pero el uso de bombardeos genera debate. Para algunos, es una señal de fuerza del Estado; para otros, un retroceso frente a la promesa de diálogo. Lo cierto es que Antioquia sigue siendo un territorio donde la paz se mide en operaciones militares, mientras las comunidades esperan que la seguridad deje de ser un titular y se convierta en realidad.
