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La incapacidad de los países para defender libertades fundamentales, ha “socavado la capacidad de recuperación de las personas y los Estados”

En el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, Michelle Bachelet afirmó que la gente ha quedado expuesta a un “choque sanitario, económico y social”, destacando que entre 119 y 124 millones de personas más fueron empujadas a la pobreza extrema en 2020, antes de citar los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que indican que la inseguridad alimentaria aumentó a una cifra sin precedentes de 2380 millones de personas.

La Alta Comisionada advirtió que “se están revirtiendo avances vitales para la igualdad de las mujeres y los derechos de muchas comunidades minoritarias étnicas y religiosas y de los pueblos indígenas”, y añadió que “las grietas en el tejido social de nuestras sociedades son cada vez más amplias”, con “enormes brechas que son cada vez más letales entre los países ricos y los más pobres”.

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“Debemos garantizar que los planes de recuperación económica de los Estados se construyan sobre la base de los derechos humanos y en consulta significativa con la sociedad civil”, dijo y añadió que “hay que tomar medidas para defender la atención sanitaria universal, las protecciones sociales universales y otros derechos fundamentales con los cuales proteger a las sociedades de los daños [de la pandemia] y hacer que todas las comunidades sean más resilientes”.

En cuanto a la cuestión de la flagrante escasez de vacunas y terapias contra el coronavirus en muchos países en desarrollo, la Alta Comisionada instó a los Estados a “actuar juntos, de forma solidaria”, para distribuir las inmunizaciones.

”Hoy en día, los hospitales de algunas regiones están prácticamente colapsados, los pacientes no pueden encontrar la atención que necesitan y es casi imposible encontrar oxígeno ”, apuntó, señalando que existe ”una crisis de inequidad en las vacunas que sigue provocando divisiones más profundas en el corazón de la comunidad internacional”.

Acercamiento

Haciéndose eco de estas observaciones, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, describió cómo el COVID-19 apenas ha afectado a los que se encuentran en el extremo superior de la economía mundial, mientras que los que están en el extremo inferior han sufrido masivamente en lo que respecta a sus puestos de trabajo, su salud y la educación de sus hijos.

El coronavirus no ha sido ”un virus de igualdad de oportunidades“, destacó e insistió en que ”ha tenido un efecto devastador en las partes más desfavorecidas de nuestra economía, de nuestra sociedad, mientras que a muchos de los de arriba les ha ido muy bien. La mayoría de ellos han podido seguir adelante, continuando con sus trabajos en Zoom y sus ingresos, casi sin interrupción”.

Sobre la cuestión de las vacunas COVID-19, el Stiglitz recordó al Consejo de Derechos Humanos que el acceso a las mismas ”es casi parte del derecho a la vida y que aunque es muy fácil en Estados Unidos y otros países avanzados, es extraordinariamente difícil en las economías emergentes y casi imposible en la mayoría de los países en desarrollo”.

Como derecho humano básico, ”no hay derecho más importante que el derecho a la vida“, prosiguió, enfatizando en que el acceso a los medicamentos es un derecho humano fundamental que “se está violando hoy en día al no dar un acceso igualitario o incluso ningún acceso a las vacunas”.

En otra discusión en el mismo foro, los Estados miembros escucharon que los niños indígenas y los que tienen discapacidades siguen siendo especialmente afectados por la crisis del COVID-19.

En un debate anual sobre los derechos de los pueblos indígenas, la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, resaltó que las mujeres indígenas y los ancianos se han visto también muy afectados.

La pandemia ha ”expuesto y exacerbado“ las desigualdades y el racismo sistémico al que se enfrentan, dijo Kehris, y agregó que muchos indígenas han muerto en medio de un ”acceso desigual a la atención sanitaria de calidad”.

La alta funcionaria señaló que la pandemia también ha afectado la resiliencia de las lenguas de estos pueblos, así como sus conocimientos tradicionales. Esto es muy preocupante dado el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ”no dejar a nadie atrás”, dijo.

En el mismo tenor, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, manifestó preocupación porque los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de muchos Estados siguen teniendo ”impactos negativos“ en las comunidades autóctonas.

”Las medidas nacionales para detener la pandemia se están aplicando en los territorios indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, y sin tener en cuenta las barreras sistémicas a las que se enfrentan los receptores“, dijo el relator especial.

Sin embargo, algunas comunidades indígenas han establecido sus propias soluciones de cara al COVID-19.

Entre esas comunidades, el pueblo kuikuro de Brasil, se ha asociado con hospitales, ha creado su propio centro de salud y ha contratado a médicos y enfermeras para que se queden con ellos y les ayuden en la prevención, explicó Tzay.

En Tailandia, continuó, el pueblo iKaren ha realizado rituales cerrando sus aldeas y no permitiendo que nadie entre. Y en Bangladesh, el pueblo Mro ha colocado una valla de bambú a la entrada de su territorio para aislar sus aldeas.

”En lugar de depender únicamente de la ayuda gubernamental, los pueblos indígenas están coordinando respuestas a nivel comunitario que incluyen la reconexión con el conocimiento científico y la gestión de redes humanitarias y de ayuda mutua“, recalcó. ”Los Estados deben cumplir su obligación de prestar apoyo a los planes de protección elaborados por los pueblos indígenas de forma autónoma“.

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