En sesión plenaria del Concejo de Bogotá continuó el debate de control político sobre la seguridad en la capital, citado por los concejales Julián Espinosa Ortiz y Julián Rodríguez Sastoque (Alianza Verde), en el que se expusieron avances en algunos indicadores, pero también falencias estructurales en el control del microtráfico, la seguridad ciudadana y la protección de los Cerros Orientales.
Durante el debate, el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, informó que en 2025 se registró una reducción en 9 de los 11 delitos de alto impacto, y destacó la incautación de 1.513 armas, la cifra más alta desde 2022. No obstante, reconoció que la extorsión, los homicidios y la violencia intrafamiliar continúan en aumento y advirtió una debilidad crítica en la lucha contra el microtráfico: solo el 6 % de las capturas en flagrancia por este delito derivaron en privaciones efectivas de la libertad, lo que atribuyó a las limitaciones del marco normativo vigente.
El funcionario también señaló acciones contra la urbanización ilegal en los Cerros Orientales, incluyendo capturas en flagrancia por construcción en zonas de especial protección, retiro de conexiones ilegales de energía e incautación de maquinaria utilizada para el urbanismo ilegal.
En su intervención, los concejales citantes afirmaron que, aunque existen reducciones en algunos delitos, los resultados no se traducen en mayor seguridad para la ciudadanía, especialmente en barrios y parques afectados por el microtráfico. Advirtieron que la baja efectividad judicial fortalece economías criminales en el territorio y cuestionaron la falta de articulación institucional y presencia permanente del Estado, insistiendo en la necesidad de ajustes normativos y estrategias integrales que combinen control, prevención e inversión social.
Durante el cierre del debate, los concejales Samir Bedoya, Rocío Dussán, Emel Rojas, Sandra Forero, Ana Teresa Bernal, Cristina Calderón, José Cuesta, Juan Manuel Díaz, Óscar Vahos, Julián Uscátegui, Juan David Quintero y Julián Espinosa coincidieron en que persisten problemas estructurales de seguridad ciudadana. Alertaron sobre el aumento de riñas, la permanencia de economías criminales asociadas al microtráfico y la presión creciente sobre los Cerros Orientales por ocupaciones ilegales y la acción de tierreros, y pidieron fortalecer la videovigilancia, la comunicación con la ciudadanía y el marco normativo.
En respuesta, la administración distrital destacó avances en gestión penitenciaria con enfoque restaurativo, fortalecimiento de la justicia comunitaria y la implementación de un modelo integrado de gestores del orden, como parte de la estrategia para mejorar la convivencia y la seguridad en la ciudad.
