En los últimos meses se ha evidenciado un incremento de acciones en contra de la Misión Médica
lo cual pone en riesgo la vida y la integridad, no solamente del personal que asiste, sino también de
las personas que requieren de estos servicios humanitarios. Durante 2020, esta cifra alcanzó el
número más alto de los últimos 24 años, con 325 ataques, según cifras de la Mesa Nacional de
Misión Médica.
La Cruz Roja Colombiana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) reiteran la necesidad del
respeto por la Misión Médica.
La Misión Médica está para asistir a quienes lo necesitan cuando lo necesitan. Bloquear o atacar su
labor, además de ser una violación a las normas humanitarias, afecta a quienes más lo requieren.
Respetar la Misión Médica es proteger a ambulancias y otros vehículos de atención en salud,
permitiendo su libre tránsito para que puedan atender a quienes lo necesitan en situaciones en las
que está en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas.
El emblema de la cruz roja es símbolo de acción humanitaria, imparcial, neutral e independiente. Su
uso indebido en contextos de conflicto armado y otras situaciones de violencia, movilizaciones
sociales, desastres causados por fenómenos naturales, entre otras, puede poner en riesgo la vida
del personal autorizado, así como la de las personas y comunidades que requieran sus servicios
humanitarios. Este emblema está protegido por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
Adicionales y, en Colombia, a través de las leyes 142 de 1937 y 875 de 2004.
El emblema de la cruz roja en ninguna circunstancia puede ser utilizado por instituciones o personas que no estén autorizadas.
En Colombia, las personas autorizadas para hacer uso del emblema de la cruz roja son:
El personal vinculado con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El personal sanitario civil, autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El personal sanitario de la fuerza pública en sus funciones de sanidad (decreto 135 de 2005).