“Hasta el 10 de mayo, fuentes confiables indican que las fuerzas del orden mataron a al menos 782 personas desde el golpe del 1 de febrero, usando una fuerza innecesaria, desproporcionada y letal para reprimir las manifestaciones y otras formas de participación pública”, dijo el portavoz de Acnudh, Rupert Colville.
Señaló que la junta militar no deja de presionar sobre sus opositores mientras que los últimos todavía están decididos a continuar con la desobediencia civil.
Colville denunció las redadas diarias a casas y oficinas y más de 3.740 detenciones hasta el momento.
Según los informes de Acnudh, la mayoría de los detenidos todavía no han sido procesados y los casi 86 que han tenido un juicio, este se ha celebrado en secreto.
“Al menos 25 personas fueron sentenciadas a la pena de muerte, unas 20 de ellas fueron procesadas en ausencia”, dijo Colville.
En el último mes la junta militar emitió al menos 1.561 órdenes de arresto contra activistas, sindicalistas, periodistas, académicos y figuras públicas y en la última semana suspendió a más de 3.000 empleados públicos.
Además, hay informes del despido de más de 11.000 trabajadores de educación el lunes.
“Está claro que es necesaria una mayor participación internacional para evitar que la situación con los derechos humanos en Birmania se deteriore aún más”, dijo Colville.
Constató que la junta militar birmana no cumple con el plan aprobado en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) el 24 de abril para solucionar la crisis política.
En ese contexto llamó a la Asean a la acción para asegurar que los militares cumplan con sus compromisos o asuman la responsabilidad en caso de incumplimiento.
El 1 de febrero, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, y decretaron el estado de emergencia por un año.
El Ejército, que gobernó el país durante décadas, justifica el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron la victoria a la oficialista Liga Nacional para la Democracia.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país con actos de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los políticos encarcelados.