La oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe presentó un informe sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía. En este se expuso que “las proyecciones de crecimiento del PIB de la región han reflejado la evolución de los efectos inéditos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en las economías de la región”.
Así, el informe reflejó que una contracción de la economía regional para el año 2020 en torno al -8%, y, para 2021, un crecimiento de 3,5%. Esto demuestra que la crisis “ha tenido un impacto sin precedentes en el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe causando la pérdida de empleos, la quiebra de empresas de todos los tamaños y una abrupta caída en los ingresos de las personas“, junto al aumento en la tasa de informalidad laboral.
Entonces, la crisis llevó a varios países a introducir innovaciones en políticas como parte de sus estrategias de mitigación de daños, por ejemplo, “la oferta formativa a distancia con base en plataformas digitales existentes junto a otras que se comenzaron a desarrollar a raíz del nuevo contexto”. Es por esto que la OIT sugiere institucionalizar los seguros de desempleo (coberturas de eventos tales como suspensión de contratos o de reducción de jornadas laborales) como un modo de estar disponibles a lo largo de los ciclos económicos habituales, evitar el despido y facilitar el proceso de reactivación.
Igualmente, se evidencia que como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de las medidas que los gobiernos fueron tomando para tratar de contener la expansión de los contagios, “la economía mundial enfrenta un doble shock de oferta y de demanda que, además, afecta simultáneamente a todos los países al mismo tiempo” y “la tasa de desocupación se incrementó por encima de los dos dígitos, su mayor nivel en más de una década”.
Finalmente, el informe planteó unas perspectivas desalentadoras en las que “la tasa de desocupación podría encontrarse dentro de un rango entre 10,8% y 11,2 %“. Lo anterior se basa en la incertidumbre propia de una situación como la actual, “particularmente por los efectos asociados a segundas olas y rebrotes de la pandemia de la COVID-19, que impliquen nuevas medidas de confinamiento, reducción de la movilidad de las personas y sus consecuentes efectos en la actividad económica, la participación laboral y el empleo”.
