“Los equipos conformados por las dos instituciones (Fiscalía General y Defensoría del Pueblo) han encontrado a 290 personas que habían sido reportadas como no localizadas”, dice el texto.
El reporte comprende el periodo del 28 de abril al 23 de mayo y señala también que el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) sigue activo respecto a 129 solicitudes de personas “no localizadas”.
Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, más de 520 personas han sido reportadas como “desaparecidas” en el marco de las protestas.
Sin embargo, organismos como la Fiscalía y la Defensoría emplean el término “no localizadas” y sostienen que se trata de personas cuyo paradero era desconocido, pero que podían estar, por ejemplo, detenidas en alguna estación de Policía hasta que fueron ubicadas, sin que ello signifique que hubiesen desaparecido.
La Fiscalía también señala que su Sistema Penal Acusatorio (SPOA) arrojó una denuncia por el delito de desaparición forzada relacionada con hechos ocurridos el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia, noroeste).
Asimismo, señala que se tiene reporte de 43 personas fallecidas, y que los elementos de prueba dan cuenta de que 17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas.
De esas muertes, 8 fueron en Cali (suroeste), 3 en el departamento del Valle del Cauca (suroeste, cuya capital es Cali), 3 más en Cundinamarca (centro), 1 en el Cauca (suroeste), 1 más en Bogotá (centro) y 1 en Tolima (centro oeste).
“Adicionalmente, hay 7 muertes en proceso de verificación, y sobre 19 hay evidencia suficiente para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones o movilizaciones”, precisa el texto de la Fiscalía.
Reclamo internacional
Tras conocerse el comunicado, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) emitieron un comunicado conjunto en el que reiteran “la importancia de implementar todas las medidas adecuadas y eficaces para prevenir la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada” en el marco de las protestas en el país.
“En consideración al contexto actual, recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición”, señalan la ONU y la UBPD.
Además, recomiendan “que se inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora de las personas cuya desaparición se alega, como una forma de prevenir la posible consumación de desapariciones”.
Colombia cumple este lunes 27 días de paro nacional que comenzó el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles pasado la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales por lo menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria a al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.