El origen de la controversia está en el aumento decretado por el Ejecutivo sin acuerdo previo en la mesa de concertación entre sindicatos y empresarios. El Gobierno defendió la medida bajo el concepto constitucional de “salario mínimo vital y móvil”, mientras que los tribunales señalaron que no se habrían aplicado de manera integral los criterios técnicos exigidos por la ley, como inflación, productividad y crecimiento económico.
En sus intervenciones públicas, el presidente Petro sostuvo que el incremento no responde a una decisión improvisada sino a un mandato constitucional. “El salario vital se mantiene”, afirmó, insistiendo en que la remuneración de los trabajadores debe garantizar condiciones dignas y poder adquisitivo real. También aseguró que la suspensión judicial no implica la eliminación del aumento, sino un ajuste de forma en su sustento jurídico.
El choque, más que una simple diferencia técnica, refleja dos visiones sobre el rol del Estado en la economía: una centrada en la protección directa del ingreso laboral y otra enfocada en la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento estricto de los procedimientos normativos.
Impacto económico y escenario político
Economistas y gremios empresariales han advertido que un incremento elevado podría tener efectos en inflación, empleo formal y costos de producción. Desde el Gobierno, en contraste, se ha argumentado que el impacto inflacionario es limitado y que el fortalecimiento del ingreso de los trabajadores dinamiza el consumo interno.
El presidente ha reiterado que respetará las decisiones judiciales, pero al mismo tiempo ha llamado a la ciudadanía a “defender el salario de los trabajadores”, una frase que ha marcado el tono político del debate y que ha generado movilizaciones y pronunciamientos tanto de respaldo como de crítica.
En la práctica, la suspensión obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto con una motivación técnica más robusta mientras se resuelve de fondo la legalidad del aumento. Esto deja un escenario abierto, donde el monto final podría mantenerse cercano al propuesto inicialmente o ajustarse según los estudios económicos que se presenten.
¿Qué pasará con el salario mínimo en Colombia?
En el corto plazo no se prevé la desaparición del incremento, sino su reformulación jurídica. El Gobierno deberá emitir un nuevo decreto que cumpla los requisitos legales y, mientras los tribunales toman una decisión definitiva, el país se moverá en un terreno de transición. Lo más probable es que el salario mínimo se mantenga en una cifra similar a la anunciada, aunque con eventuales ajustes técnicos para asegurar su validez constitucional y legal.
