“América Latina registra el 50 por ciento de atentados (contra defensores), que van desde intimidación, desalojos hasta tortura y asesinatos contra líderes y lideresas indígenas, campesinos y comunitarios, sobre todo los que están vinculados con la defensa de la tierra y el medioambiente”, dijo la Urrejola en el evento virtual Diálogo Multiactor Sobre el Rol del Estado y las Empresas Para Garantizar el Respeto de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en América Latina y El Caribe, convocado por organizaciones de Ecuador.
Según Urrejola, los defensores de derechos humanos están expuestos a constantes amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y actos de estigmatización.
A su vez, muchas de estas personas se han visto forzadas a enfrentar acciones judiciales sin sustento alguno, por parte de empresas cuyas actividades acarrean vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza, añadió.
Con el objetivo de proteger a los defensores en situaciones de riesgo, la Relatoría Especial Sobre derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH elaboró un informe específico sobre empresas y derechos humanos, apuntó Urrejola.
Dicho documento establece que los Estados tienen la obligación de adoptar legislaciones en materia de protección de derechos humanos en el marco de la actividad empresarial.
Urrejola también señaló que los Estados tienen la obligación de investigar, sancionar y asegurar reparaciones integrales en casos en los que se encuentren involucradas empresas en la vulneración de derechos humanos a defensores.
El Estado asimismo debe fiscalizar a las empresas que desarrollan actividades peligrosas a través de mecanismos de rendición de cuentas.
En el mismo evento, la presidenta del pueblo Shuar – Arutam (PSHA), de la provincia amazónica ecuatoriana de Morona Santiago (este), Josefina Tunki, dijo haber recibido amenazas de muerte por parte del representante de una empresa minera.
Además, señaló que el 60 por ciento del territorio del pueblo PSHA, ubicado en la Cordillera del Cóndor (este), ha sido concesionado a proyectos de minería a gran escala, petróleo e hidroeléctricas, de manera inconsulta y sin el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.
Esto fue motivo de una queja presentada por el PSHA contra el Estado ecuatoriano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según Tunki, las amenazas en su contra ocurrieron el pasado marzo y coincidieron con la presentación del recurso ante la OIT.
Pese a que existe una denuncia en la Corte de Morona Santiago, hasta el momento no ha recibido una respuesta por parte de la Justicia, aseguró la lideresa indígena.