De acuerdo con voceros de la Mesa Distrital de Colegios Privados, el pago de salarios representa más del 70% de los gastos mensuales de estas instituciones. El aumento del salario mínimo superó ampliamente los incrementos autorizados en las pensiones, lo que rompió el frágil equilibrio financiero de colegios pequeños y medianos que ya operaban con márgenes mínimos.
Un ajuste que volteó las finanzas de los colegios
Un ejercicio financiero realizado por directivos del sector revela que colegios con menos de 300 estudiantes, pensiones bajas y aumentos moderados en matrícula pasaron rápidamente de un leve saldo a favor a números rojos tras el ajuste salarial. Esta situación ha obligado a revisar la planta de personal, reducir servicios y, en varios casos, considerar el cierre definitivo.
La crisis se suma a una tendencia que viene afectando a la educación privada en la capital en los últimos años. La caída de la natalidad, el crecimiento de la educación virtual, los cambios en las dinámicas familiares y los efectos económicos posteriores a la pandemia han reducido de forma sostenida la matrícula escolar. Entre 2023 y 2026, más de un centenar de colegios privados dejaron de operar en Bogotá.
Cierres que podrían sentirse hasta 2028
Rectores de instituciones con décadas de funcionamiento advierten que el panorama es especialmente crítico para planteles con pocos alumnos, donde cualquier aumento en los costos se vuelve insostenible. Algunos ya evalúan recortes de personal como medida de emergencia, mientras otros anticipan cierres graduales cuyos efectos se sentirían plenamente hacia 2028, debido a los procesos administrativos obligatorios.
Llamado urgente al Distrito
Desde el Concejo de Bogotá se ha pedido a la Secretaría de Educación diseñar un plan de contingencia frente a la posible desaparición de colegios privados, teniendo en cuenta que muchos atienden población vulnerable. Aunque el Distrito asegura contar con cupos suficientes en el sistema público, persiste la preocupación por la cercanía de los colegios a los hogares y la continuidad educativa de miles de estudiantes.
Para los rectores, el debate va más allá de las cifras. “La educación no es un negocio. Apenas alcanzamos para sostener la operación y formar a los estudiantes”, advierten. Hoy, el aumento del salario mínimo reavivó una crisis silenciosa que amenaza con cambiar el mapa educativo de Bogotá.
