El Día Internacional del Periodista se conmemora cada 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fučík, ejecutado por los nazis en 1943. Aunque Colombia tiene su propia celebración nacional el 9 de febrero, la fecha internacional sirve como oportunidad para recordar que el periodismo no es solamente una profesión: es uno de los pilares de una sociedad democrática. En Colombia, esa tarea sigue desarrollándose en medio de amenazas y presiones que, en algunos territorios, pueden determinar incluso si un periodista decide publicar una información o guardar silencio.
Las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, muestran la dimensión del problema. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, la organización documentó 2.003 agresiones contra 870 periodistas, incluidos 10 asesinatos. Las amenazas fueron la agresión más frecuente: en promedio, un periodista fue amenazado cada dos días durante ese periodo. La FLIP concluyó que, pese a algunos avances institucionales, la protección efectiva de quienes ejercen el periodismo continúa siendo una deuda del Estado colombiano.
El gobierno de Gustavo Petro también dejó una relación particularmente tensa con un sector de la prensa. La FLIP documentó 19 casos de estigmatización atribuidos al entonces presidente durante su mandato y señaló que la confrontación pública, los señalamientos en redes sociales y las descalificaciones contra periodistas y medios marcaron buena parte de esa relación. Uno de los episodios más relevantes terminó en la Corte Constitucional, que determinó que Petro vulneró los derechos fundamentales de mujeres periodistas al utilizar expresiones estigmatizantes en su contra.
El cambio de gobierno no significa que los desafíos hayan desaparecido. La llegada de Abelardo De La Espriella abrió un nuevo capítulo en la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Durante su campaña, la FLIP denunció ataques reiterados contra periodistas y medios y advirtió que esos señalamientos podían desacreditar el ejercicio del periodismo crítico. Ya como presidente, una de las primeras controversias ha estado relacionada con la decisión de centralizar fuertemente la comunicación del Gobierno: según documentos conocidos públicamente, se han impartido instrucciones para concentrar las vocerías oficiales y limitar la autonomía comunicativa de funcionarios.
El reto para el periodismo colombiano, por tanto, no consiste en defender a un gobierno o atacar a otro. Su desafío es mantener la independencia frente a cualquier poder. La prensa debe poder investigar a Petro cuando estaba en la Casa de Nariño y debe poder investigar a De La Espriella ahora; debe cuestionar a la izquierda, a la derecha, al empresariado, a los grupos armados y a las instituciones del Estado sin que ello implique convertirse en objetivo de amenazas, campañas de desprestigio, presiones judiciales o restricciones al acceso a la información. En un país donde informar todavía puede costar la vida, defender al periodista significa defender el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ocurre.
Por eso, este Día Internacional del Periodista encuentra a Colombia ante una pregunta fundamental: ¿qué tan dispuesta está la sociedad a defender a quienes tienen la responsabilidad de contarla? Los periodistas no son enemigos de los gobiernos ni voceros de la oposición; su función es preguntar, investigar, contrastar, verificar y publicar aquello que resulte de interés público. El verdadero compromiso democrático de cualquier administración —Petro, De La Espriella o la que venga— no debería medirse por la cantidad de periodistas que la elogian, sino por su capacidad para garantizar que incluso sus críticos puedan trabajar libremente. En Colombia, donde todavía hay periodistas amenazados, asesinados y silenciados, esa libertad no puede darse por garantizada.
