El debate sobre la Reforma Agraria en Colombia volvió a encenderse tras la difusión de supuestas comunicaciones internas provenientes de un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las imágenes de estos mensajes circularon con fuerza en la red social X, luego de que varios congresistas alertaran sobre directrices que frenarían los procesos de adjudicación y modificarían el lenguaje institucional hacia las comunidades rurales suprimiendo la palabra “Campesino” y adoptando la de “productor rural”.
Las denuncias provocaron un inmediato rechazo en sectores que hacen oposición al Gobierno de De la Espriella. El representante a la Cámara Gabriel Becerra reaccionó duramente en sus redes sociales, asegurando que, “en la @AgenciaTierras en cabeza de @linamariagarri1 fueron a los territorios a sembrar zozobra haciendo creer a los campesinos que no tienen derecho sobre la tierra entregada. También suspendieron actuaciones de compra, adjudicación y administración de tierras por medio de una Resolución; avanzan contra las APPA y pretenden que tampoco se diga Reforma Agraria ni campesinos”.
Para el legislador, la situación trasciende más allá de un simple ajuste técnico dentro de la entidad y en una segunda declaración advirtió sobre el trasfondo ideológico de las medidas denunciadas, ya que, “No es un manual de estilo. Es una secuencia política: frenar la Reforma, desmontar sus conquistas y borrar a sus protagonistas. La contrarreforma está en marcha. Pero la resistencia también”.
A la controversia se sumó la exministra de Agricultura Martha Carvajalino quien recordó, con un poco de imprecisión, los marcos jurídicos que amparan al sector rural. La exfuncionaria citó los pilares legales para respaldar los derechos campesinos, “La Constitución Política en el artículo 65 (realmente es el 64) establece: El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección… Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria, es un objetivo: Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica”.
Las reacciones públicas no se hicieron esperar y la discusión escaló rápidamente hasta involucrar al expresidente Gustavo Petro. Ante la creciente presión mediática y el malestar de la ciudadanía, la ANT no ha decidido pronunciarse oficialmente para aclarar la veracidad de las capturas de pantalla. Sin embargo es importante precisar que estas no correspondían a un documento institucional firmado por la dirección general, ni formaba parte de ninguna resolución o acto administrativo adoptado por la agencia reguladora del campo en Colombia.
