El senador Enrique Gómez presentó una propuesta para modificar el Presupuesto General de la Nación 2027 en el sector justicia. La iniciativa plantea recortar 100 mil millones de pesos del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar estos fondos al Consejo Superior de la Judicatura para la justicia ordinaria.
Gómez justificó el ajuste al señalar que los recursos servirían para descongestionar el sistema judicial, el cual acumula cerca de 2,2 millones de procesos pendientes en el país. A través de su cuenta de X, el congresista afirmó que, “Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación 2027 en el sector justicia, solicitando se le reduzca en 100 mil millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos 100 mil millones al Consejo Superior de la Judicatura”.
Durante la presentación de su proposición, el líder de Salvación Nacional criticó el rendimiento y los costos que ha representado este mecanismo transicional desde su creación. En su publicación sostuvo que “con 4 billones que ha costado la JEP, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables”, calificando además a dicha jurisdicción como “el esperpento de la JEP”.
La intención principal de este movimiento de dinero es inyectar capital a la Rama Judicial para abrir nuevos despachos y formalizar cargos. De acuerdo con la proposición, el objetivo central apunta a atacar la mora judicial que afecta a los ciudadanos del común, al afirmar que estos 100 mil millones deben ir dirigidos directamente a “la justicia de la gente”.
Por su parte, la propuesta generó reacciones inmediatas dentro del sector judicial y en el debate político nacional. Desde la JEP advirtieron que un recorte de esta magnitud compromete la autonomía administrativa del tribunal y pone en riesgo la atención e infraestructura destinadas a la protección de las víctimas del conflicto armado.
Asimismo, representantes del tribunal de paz advirtieron que un ajuste afectaría la atención prioritaria y el acompañamiento que se les brinda a miles de víctimas del conflicto armado. Argumentaron que los recursos solicitados no son un lujo institucional, sino una garantía fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad, la reparación integral y el cumplimiento estricto de las sanciones impuestas a los comparecientes.
A pesar de los cuestionamientos de la justicia transicional, la iniciativa requiere cumplir varios trámites formales en el Capitolio antes de concretarse. El mismo Gómez aclaró que la medida aún necesita el aval del Ministerio de Hacienda y la posterior aprobación del pleno del Congreso durante los debates del presupuesto.
El debate sobre la distribución de la plata para la justicia continuará en las comisiones económicas. Mientras la Rama Judicial busca soluciones al represamiento de expedientes, el futuro financiero de la JEP queda condicionado a las decisiones presupuestales que tome el Legislativo para el próximo año.
