En un contundente pronunciamiento público, el presidente Abelardo De la Espriella dio a conocer una serie de directrices destinadas al tratamiento penal de los procesados por delitos de corrupción. El mandatario fue enfático al señalar que su administración busca restaurar la equidad ante la justicia y terminar de manera inmediata con los tratos preferenciales que tienen los procesados en guarniciones militares. Con esta medida, el Ejecutivo responde a un reclamo que históricamente ha sido un tema de debate frente al tratamiento diferenciado en el sistema carcelario.
El eje central de la nueva directriz apunta directamente a la reubicación de los reclusos que no cumplen con los requisitos legales para permanecer en unidades especiales. Según explicó De la Espriella, la medida responde a un principio elemental de equidad institucional. En palabras del propio mandatario, “se acabaron los privilegios para los corruptos”, asegurando que ningún funcionario judicial o administrativo podrá otorgar consideraciones especiales a quienes hayan vulnerado la confianza del Estado.
Para dar sustento legal y operativo a esta orden, la Presidencia ha emitido instrucciones precisas a las autoridades competentes del sector penitenciario para que revisen detalladamente la situación actual de los centros de reclusión del país. La intención es verificar si las personas privadas de la libertad cuentan con el perfil y las órdenes judiciales requeridas para estar en dichos recintos. De no ser así, deberán trasladarse de inmediato a cárceles convencionales.
Al detallar el alcance real de las nuevas disposiciones y la forma en que se ejecutarán en todo el territorio nacional, el presidente de la Espriella pronunció la siguiente declaración oficial:
“He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de policía sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí.”
Esta directriz afecta directamente a una gran cantidad de procesados que hoy permanecen en recintos con condiciones superiores a las del sistema carcelario común. Durante años, la opinión pública ha criticado con dureza que figuras salpicadas por graves escándalos de corrupción terminen cumpliendo sus medidas de aseguramiento en instalaciones militares o policiales. Para el actual Gobierno, este tipo de permanencias sin sustento legal deteriora la confianza pública en las instituciones y genera una percepción de impunidad que distorsiona la aplicación efectiva del derecho penal.
Con el anuncio formulado por el mandatario, las instituciones pertinentes deberán comenzar las evaluaciones técnicas de cada caso en los próximos días para hacer efectivos los traslados correspondientes. El Ejecutivo ratificó que no habrá margen para dilaciones en la aplicación de las normas vigentes. La orden presidencial busca ser aplicada “con conforme a la ley y sin privilegios”, marcando una pauta clara en la política penitenciaria gubernamental y enviando un mensaje directo sobre el tratamiento que recibirán los sindicados en adelante.
