El debate por la contratación pública vuelve a encenderse en Colombia tras las recientes denuncias sobre la firma de un contrato de malla vial en Medellín al Consorcio INFRADETEL, ya que, algunos sectores políticos cuestionan cómo personas o firmas ligadas al entorno de Emilio Tapia —condenado por el escándalo de Centros Poblados y el Carrusel de la Contratación— continúan quedándose con millonarios recursos del Estado. La controversia pone la lupa sobre un sistema donde la legalidad formal no siempre garantiza la idoneidad moral.
En la denuncia el congresista del Pacto Histórico, Hernán Muriel, puso bajo la lupa que Edetel, firma que ostenta el 10 % del consorcio, es una empresa que pasó de confeccionar ropa a manejar obras civiles, recordando un poco lo sucedido con la empresas que constituían Centros Poblados donde ninguna figuraba con experiencia en telecomunicaciones; registrando un disparo patrimonial atípico de rozar los $200 millones a reportar cerca de $75.000 millones en siete años, un giro corporativo que levanta serias dudas sobre su idoneidad.
El vacío de la Ley 80: ¿por qué la norma los protege?
La razón por la que un consorcio con cuestionados nexos indirectos puede ganar una licitación de 51.000 millones de pesos se reduce a una trampa del Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993). La norma obliga a las entidades públicas a evaluar ofertas únicamente con criterios objetivos, entre ellos: experiencia, capacidad financiera y ausencia de inhabilidades formales en el Registro Único de Proponentes (RUP).
Si una persona condenada por corrupción actúa como estructurador “por debajo de cuerda” a través de testaferros, familiares o socios sin antecedentes, legalmente la empresa está limpia. Si la Alcaldía de Medellín o cualquier entidad descalificara al proponente por meras sospechas o denuncias de prensa, cometería una ilegalidad que le costaría millonarias demandas al Estado.
Centros Poblados vs. INFRADETEL: la diferencia entre la sospecha y el delito
Aunque el fantasma de Emilio Tapia ronda ambos casos, existen diferencias jurídicas y técnicas marcadas que deben considerarse:
- Centros Poblados (MinTIC): Involucró la falsificación abierta de garantías bancarias para apropiarse de un anticipo de 70.000 millones de pesos, resultando en un delito consumado y la caducidad del contrato.
- Consorcio INFRADETEL (Medellín): Hasta el momento se trata de un debate de control político liderado por el representante Hernán Muriel. No existe una investigación penal en firme ni pruebas de documentación falsa dentro del proceso.
Ante este panorama, Muriel solicitó formalmente a los organismos de control verificar las conexiones internas y el origen del consorcio vial. Por ahora, las acusaciones forman parte de un expediente de control político que está a la espera de que la Fiscalía y la Procuraduría determinen si se trata de un crecimiento empresarial legítimo o de una nueva triquiñuela en la contratación pública.
