El presidente colombiano Iván Duque pidió este jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que levantó cargos por secuestro contra ocho excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actúe con dureza para juzgar estos delitos y manifestó su discrepancia con que estas personas tengan representantes políticos.
“No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, manifestó el mandatario al participar de manera virtual en el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que tiene lugar en Pereira, en el departamento de Risaralda (centro oeste).
Duque reclamó que las sanciones sean proporcionales a los delitos cometidos y que se hagan efectivas, ya que, si no es así, traería “la revictimización de los que fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tendrían sanción”.
Agregó que es necesario que la JEP actúe de acuerdo al derecho internacional, que establece que quienes cometen crímenes de lesa humanidad “no solamente deben tener sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que no deben estar revestidos de honores; por el contrario, la sanción colectiva debe implicar que no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”.
Imputados
El caso a estudio de la JEP lleva la carátula “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” y tiene como imputados a los antiguos miembros del secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Emilio Cabrera (fallecido), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
El Partido de los Comunes, integrado por antiguos miembros de las FARC, respondió a la imputación de la JEP a través de Twitter.
“El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona y reiteramos nuestro compromiso de rendir cuentas ante la justicia”, expresa el mensaje.
Agrega una carta fechada el 14 de septiembre de 2020, donde los imputados califican los secuestros como “un gravísimo error” y dicen sentir la vergüenza “como daga en el corazón”.
Según datos de la JEP, entre 1990 y 2016 hubo 21.396 víctimas de secuestro en Colombia.