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Por Luisa Castillo, Alison Infante y Laura Gómez
En Colombia los líderes sociales se han convertido en una amenaza para los grupos al margen de la ley y para el Estado. Con la firma del acuerdo de paz con las FARC han aumentado significativamente los asesinatos, en especial porque son personas que hacen resistencia desde el territorio y luchan para que no reinen el narcotráfico y la sobreexplotación de recursos naturales.
Datéate habló con Marisabel García, socióloga e investigadora del grupo CLACSO Derechos humanos, luchas y territorialidades, y con Jairo Enríquez, miembro de la Corporación Sembrar, ONG de Derechos Humanos.
Los líderes sociales son personas comprometidas con la posibilidad de un país distinto, más justo, equitativo y que esté más allá del consumismo y el modelo que vende el Estado: “Ellos atraviesan estructuras de poder, por esto se les ve como una amenaza, porque son creadores de conciencia social, porque no sólo lo plantean o lo discuten, sino lo vuelven acción”, dice García, al explicar el papel de los líderes sociales.
Actualmente la seguridad para los líderes sociales es difícil porque en los territorios donde se encuentran hay intereses económicos: “son zonas donde se ha presentado conflicto social y armado al operar grupos paramilitares, que han adquirido un poder militar y económico en los últimos tiempos. Cuando se da una supuesta desmovilización en 2005, necesitan legalizar una cantidad de tierras que le habían quitado a la gente, la gente empieza a reclamar lo suyo, presentándose agresiones contra ellos. Los paramilitares no han actuado solos, han actuado con complicidad de la Fuerza Pública, con políticos y, en muchos casos, con la anuencia de operadores de justicia en Colombia”.
Jairo Enríquez es enfático al afirmar que a los líderes no sólo los están matando, últimamente los judicializan, haciéndoles montajes, es decir, utilizan desmovilizados, ya sea de las autodefensas o insurgencias del ELN o las FARC para que los señalen de ser colaboradores de la guerrilla o de algún grupo armado y de esta manera les adelantan un proceso jurídico para retirarlos del camino: “Cuando eso no funciona, viene la otra estrategia que es la eliminación física y tiene un costo político más alto para quienes tienen intereses de por medio”, explica Enríquez.
La mayoría de asesinatos vienen por parte de un grupo que, en teoría, según las autoridades colombianas, ya pasó por un proceso de desmovilización; por eso el gobierno ha sido enfático en decir que no son los paramilitares, puesto que ya se desmovilizaron. Ahora los denominan BACRIM (Bandas criminales), pero siguen siendo estos mismos grupos los señalados de estar asesinando a los líderes sociales.
Desde 2016 hasta la fecha, se han manejado diferentes estadísticas respecto a la cantidad de líderes sociales asesinados, pero Enríquez dice que las cifras están alrededor de 200 personas. “Son cifras que maneja el Centro de Investigación y Educación popular (CINEP), entidad que hace seguimiento a las violaciones de los derechos humanos en todas las regiones”.
Precisamente el CINEP en la publicación Noche y Niebla, banco de datos de derechos humanos y violencia política, maneja las siguientes cifras:
NO obstante, las cifras varían dependiendo la entidad que las reporta:
- ONG como Somos Defensores reportan 80 asesinatos de activistas (finales de 2016)
- Cumbre Agraria indica que fueron 114 (finales de 2016)
- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró el año pasado reportando 64 casos.
- Para la Defensoría del Pueblo, se han registrado al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos entre el 2016 y lo que va del 2017.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de la seguridad de los líderes sociales cuando ellos reportan ante el Estado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amenazas por el trabajo que desarrollan con sus comunidades, asignándoles medidas cautelares de protección como camionetas blindadas y escoltas. “Estas medidas son importantes en la manera en que da mayor seguridad, por ejemplo, en el desplazamiento por el territorio donde estos líderes desarrollan su trabajo, pero no son una solución para la situación, es decir, la garantía de seguridad de líderes sociales va más allá de un esquema de seguridad porque implica también unas medidas políticas que el Estado colombiano no esa brindando en la actualidad y que son importantes porque irán a las causas concretas que generan los asesinatos”, explica la socióloga.
Jairo Enríquez denuncia que a causa del trabajo que desarrolla la organización y los señalamientos directos que ha hecho, se logró la condena de un militar de alto rango por casos de falsos positivos, sin embargo, esos son los motivos por los que la ONG ha recibido amenazas desde hace varios años, intimidaciones directas y hasta el robo de computadores que contenían información que maneja la Organización No Gubernamental.
Finalmente, Marisabel García aclara que en el asesinato a líderes sociales está evidenciando que el conflicto armado en Colombia todavía se mantiene y que existe más allá del acuerdo de paz, porque el conflicto tiene una base y una causa que es la desigualdad social. “El aporte para que los líderes sociales no sigan siendo asesinados es, por parte de los medios de comunicación, una visibilización frente a la situación; por parte de las organizaciones sociales, el mantenimiento de esa lucha social y de esa reivindicación frente al cambio; y por parte de la sociedad civil que no está inmersa en la lucha y puede llegar a tener desconocimiento de la situación, es importante entrar a defender un proyecto de país distinto, pero para eso se necesita saber en qué país viven”.