Por: Yvone Melissa Calderon Cardenas
La Personería de Bogotá ha recibido en el presente año 141 quejas de capitalinos por presunto abuso de autoridad por parte de la Policía en la ciudad, el 35% de ellos involucran a mujeres, 50% hombres, 10% población LGBTI y 5% no hay información clara.
El reciente caso de la muerte del abogado Javier Ordoñez y las fuertes protestas en contra de los constantes abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes de la Policía Nacional, han abierto un amplio debate sobre el actuar de dicha institución antes los casos de abuso y violencia denunciados por la ciudadanía a lo largo del país.
A diario se van conociendo nuevos casos de abuso por parte de la policía como el caso de una trabajadora de la salud que denunció en redes sociales, por medio de un video, que evidenciaba un presunto caso de abuso de autoridad a principios de la cuarentena. La doctora Luz Astrid Celis fue multada por un patrullero cuando se dirigía a hacer mercado para su familia tras salir de trabajar, ella en sus publicaciones denuncia que, sin importar que estaba dentro de las excepciones por ser trabajadora de la salud, el pratrullero le impuso una multa por violar la cuarentena obligatoria. La investigación del caso falló a favor de la doctora Celis y, por consiguiente, el patrullero tuvo que pedir disculpas y retirar la multa impuesta.
Otro caso de abuso pero que desafortunadamente no tuvo ningún tipo de reparación fue el del joven universitario Andres (a petición de la persona se omite la identidad del implicado) el cual fue incriminado y judicializado sin pruebas contundentes por porte ilegal de sustancias psicoactivas. Andrés narra como, por no poder pagar la plata que le exigían los patrulleros que lo detuvieron para dejarlo libre, lo incriminaron por una maleta que no era de él en la cual se encontraba 100 gr de marihuana, al joven lo retuvieron en una URI de Bogotá y luego de darle salida le dijeron que lo llamarian para el juicio, situación que nunca ocurrió.
Y así como este, más casos han salido recientemente a la luz y que no han encontrado solución alguna por parte de los entes gubernamentales.
Por otro lado, la ONG Temblores denuncia que aproximadamente 649 civiles han sido asesinados por la Policía desde el 2017, el dato fue publicado en Twitter por Periferia Prensa, mostrando cómo, a pesar de que el 2020 ha contado con restricciones sociales de la pandemia, ya son 10 los muertos por la acción de uniformados.
La Procuraduría, por su parte, solicitó a las autoridades distritales y fuerza pública tomar medidas inmediatas para la prevención de vulneraciones y la protección de derechos humanos y a la ciudadanía el respeto al ejercicio de las libertades públicas en su labor y en los procedimientos de la Policía.