Los exlíderes de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Iván Márquez y Jesús Santrich exigieron este martes la renuncia del presidente Iván Duque por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y con el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010).
“Duque debe irse anticipadamente de la presidencia, porque es un mandatario ilegítimo, porque le quedó grande el más elevado cargo de la nación, porque quiere generalizar el caos destruyendo el equilibro de poderes al incurrir en desacato y cuestionamiento público a decisiones de la Corte Suprema de Justicia”, dijeron los guerrilleros en un comunicado del grupo FARC-EP, Segunda Marquetalia.
Márquez y Santrich, cuyos nombres reales son Luciano Marín y Seuxis Paucías Hernández Solarte, están prófugos de la justicia colombiana tras renunciar al acuerdo final de paz suscrito con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en noviembre de 2016.
Los excombatientes aseguran que Duque recibió fondos del narcotráfico para financiar su campaña electoral a través del fallecido ganadero José Guillermo Hernández y que intenta proteger a Uribe, quien es investigado por una presunta operación de compra de votos en 2018 y que se encuentra bajo detención domiciliaria.
“No más impunidad para Álvaro Uribe, despojador violento de tierras y autor de los más horrorosos crímenes de lesa humanidad como masacres y falsos positivos”, dice el comunicado del grupo disidente.
La justicia colombiana también investiga al expresidente por su presunta participación en las masacre de La Granja y El Aro (Antioquia, noroeste) y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El grupo instó a los ciudadanos a volver a protestar en las calles contra la represión y la violencia ejercida desde el Gobierno.
“Saliendo ya de la mala hora de la pandemia, debemos volver a las calles con marchas, plantones y cacerolazos para gritar la inconformidad de todo un pueblo contra el mal gobierno”, dice el texto.
Además exigen el fin de la represión contras las protestas, justicia para los responsables de las muertes ocurridas durante manifestaciones por la muerte de un abogado bajo custodia y poner un fin al asesinato de líderes sociales y excombatientes, que ya supera los 1.000.