El expresidente y exsenador colombiano Álvaro Uribe, quien permanecía en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunto fraude procesal y manipulación de testigos, recobró la libertad este sábado por orden de la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo.
“Gracias a Dios”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter tras escuchar la decisión de la jueza en el marco de una audiencia virtual que se realizó este sábado para decidir sobre su libertad, la cual era pedida por su defensa, por la Fiscalía General y por la Procuraduría General (Ministerio Público), de modo tal que pueda asumir su defensa extramuros.
Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, por lo cual su caso se soportaba en la Ley 600 del año 2000, que rige para el juzgamiento de los integrantes del Congreso.
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.
Tras el fallo de detención domiciliaria el pasado 4 de agosto, Uribe debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), de unas 1.500 hectáreas y en la que, dijo, se encontraba “secuestrado” por la justicia.
Posterior a ese fallo, Uribe renunció a su escaño en el Congreso el 18 de agosto y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso fue abandonado por la CSJ y tomado por la Fiscalía General, que sostiene que en calidad de un ciudadano común se le debe aplicar la Ley 906 de 2004, que le confiere la libertad para poder llevar su caso en esa condición.
Los antagonistas políticos de Uribe –entre ellos Cepeda– consideran que la Fiscalía podría beneficiar al expresidente (2002-2010), ya que el fiscal general, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es el delfín político de Uribe.
La jueza basó su decisión de concederle la libertad tras considerar que falta compatibilidad entre la Ley 600 de 2000, que rige los procesos en la CSJ, y la Ley 906 de 2004, que impera para la justicia ordinaria, ya que hay diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación de cargos.
“En la Ley 906 se exige una solicitud elevada por la Fiscalía ante un juez de garantías para una medida de aseguramiento (detención), donde se hace previa evaluación de los argumentos que puedan presentar todas las partes”, explicó la jueza en la audiencia pública.
Por último, subrayó que la detención “es una excepción que solo la Fiscalía puede solicitar para la protección de la pruebas y de las víctimas”, y destacó que su decisión no es arbitraria ni caprichosa y que busca darle garantías al investigado.
Uribe (2002-2010), el expresidente más popular en la historia reciente de Colombia, es también el único exmandatario que ha estado detenido, pese a que el caso por el cual se le dictó esa medida obedece a supuestas prácticas realizadas durante su periodo como senador.