“Desde el gobierno nacional adelantaremos de manera diligente todas las actividades tendientes a materializar los contenidos del Acto Legislativo que permitan ampliar la participación política de las víctimas”, dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, citado en un comunicado de su despacho.
Asimismo, anunció que una vez el Acto Legislativo sea remitido por el Congreso a la Presidencia de la República, se adelantará la debida publicación y promulgación del mismo, y se remitirá el texto a la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad posterior.
“En este Gobierno, desde el primer día del mandato, las víctimas han sido el centro de la política de implementación de la paz con legalidad y ahora más que nunca vamos a reivindicar su reparación. Ya están sentadas las bases para que el proceso de apoyo a nueve millones de personas que están en el Registro Único de Víctimas sea irreversible”, agregó Archila.
Las declaraciones de Archila se dan luego de que el pasado 26 de mayo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) radicó una solicitud de nulidad de los 16 escaños, pero luego, el 9 de junio, retiró dicha solicitud.
El cumplimiento de ambos fallos por parte del Congreso se dio luego de que el pasado 21 de mayo la Corte Constitucional de Colombia falló a favor de un recurso interpuesto por el senador Roy Barreras (centro) mediante el cual se otorgan 16 escaños en el Congreso para las víctimas del conflicto armado, los cuales fueron negados en 2017 durante una votación en el legislativo pese a haber sido aprobados en el Acuerdo de Paz.
El acto administrativo firmado el lunes por los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara, Jennifer Arias, le da vida jurídica a los 16 escaños para las víctimas por ocho años y podrán serán votados por primera vez en las próximas elecciones legislativas de 2022.
Tales curules, denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, serán ocupadas únicamente en la Cámara de Representantes para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, ya que se trata de medidas de satisfacción como componente de la reparación integral de las víctimas, según el punto 2.3.6 del Acuerdo Final de Paz, firmado en noviembre de 2016.
Los 16 escaños le darán voz en el Congreso a las víctimas del conflicto armado en el país y a los representantes de comunidades del Chocó (noroeste), Cauca, Nariño (suroeste), Catatumbo (nordeste), Guaviare (sur) y Urabá (noroeste).