“Es difícil, hoy en día, con todas las agitaciones que siguieron, sin remitirse a los registros telefónicos, precisar los nombres de todos los que le llamaron, o incluso la naturaleza de su conversación. Sobre todo porque no podía atender todas las llamadas”, afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro.
El texto asegura que el 7 de julio tras conocerse la noticia, Henry recibió innumerables llamadas de personas preocupadas por su seguridad, y por las medidas que adoptaría la administración para proteger su integridad física. No obstante, insiste en que las conversaciones son personales, y no pueden utilizarse para incriminar a nadie.
“Los intereses políticos no permiten que nadie o ningún grupo de individuos haga insinuaciones graves e infundadas, y mucho menos que se intente entregar a alguien a la mafia, a no ser que alguien tenga información relevante y fiable, es su deber como ciudadano aportarla al juez para ayudar a establecer la verdad”, aseveró el documento.
A finales de agosto, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos reveló en un informe las presuntas conversaciones de Henry y el abogado Joseph Felix Badio, quien es buscado por la policía por sospechas de planificar y dar la orden del magnicidio.
Poco después el exfiscal de esta capital, Bed-Ford Claude, solicitó a la compañía telefónica los registros de Henry y determinó que se comunicó en dos ocasiones con el sospechoso, horas después del asesinato.
El neurocirujano evadió la audiencia del fiscal y lo despidió junto al ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, en medio del nuevo escándalo que envuelve al Gobierno.
Moïse murió baleado en su residencia, sin que aparentemente interviniera la guardia de seguridad, mientras los planes de elecciones y referendo constitucional, además de las constantes crisis y manifestaciones, redujeron drásticamente su capital político.