Por: Harold Castilla Devoz
Reconocer en las entidades públicas un funcionamiento bueno y transparente parece una utopía en una Colombia impregnada de desconfianza e inconformidades en sus instituciones a causa de ese cáncer establecido como común denominador: la corrupción. En este sentido, llegar a rescatar de los escombros el nombre de una de ellas pareciera una tarea ingente.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) no es ajeno a las inconformes percepciones que, sobre su servicio, han tenido los colombianos a lo largo de sus 70 años de existencia. Inquieta que las familias, que son sus principales usuarios, piensen que adquirir un crédito con esta entidad sea una condena que los somete a “la esclavitud financiera más despiadada que pueda conocer un ciudadano colombiano”, como se escribió en un artículo de la Revista Dinero en el 2017.
Porque, aunque falta mucho por mejorar, no todo es malo y las cifras así lo confirman. Son más de 4,7 millones de colombianos quienes han encontrado la posibilidad de acceder a la educación superior gracias a créditos educativos (con tasas subsidiadas y en algunos casos condonables). Esto sin contar las ayudas que les brinda el ICETEX a los colombianos que buscan formarse en el exterior.
Sus alcances en cobertura y aportes a todos los colombianos son invaluables. Por ejemplo, en 2019 se registraron más de 673 mil beneficiarios, de los cuales el 71% pertenecían a los estratos 1 y 2, y el 56% eran mujeres. Estos datos evidencian la vocación social de la entidad y su enfoque inclusivo, dos elementos fundamentales para construir esa equidad que nos ha sido tan esquiva en el país.
Pero reconocer lo bueno no implica no hacer introspección para mejorar lo que no va por buen camino. Hoy en día es claro que la entidad necesita nuevas condiciones de crédito en cuanto a tasas de interés, formas de pago, estimación de deuda y capitalización de intereses. Además, es indispensable cambiar sus trámites engorrosos e ineficientes que fomentan una percepción alejada de la función que cumple al promover la educación como el motor de equidad y movilidad social.
Esta reforma integral quedó consignada en los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional y el movimiento estudiantil y profesoral tras las marchas de finales de 2018, cuyos ejes centrales son: a) plan de alivios e incentivos; b) financiación y caracterización del portafolio de servicios; c) guía y apoyo al estudiante; d) procesos y transformación digital; y e) gobernanza y estructura.
En diciembre de 2019 vimos un primer avance en el plan de alivios e incentivos, con medidas a corto y mediano plazo enfocadas a atender problemáticas de pago y permanencia en la educación superior. De esta manera, y atendiendo ajustes internos, la entidad estima que cerca de 200 mil usuarios actuales se verían beneficiados.
Los ejes restantes de la reforma deben ser tratados fuera de agendas, sesgos e intereses partidistas, y con el mayor rigor técnico posible que permita aprovechar la experiencia de la entidad y potenciar su función social. La construcción colectiva, con argumentos sólidos y diálogos flexibles debe ser la norma en lo que queda por definir.
Esta es una oportunidad única que tenemos como país. De hacerlo bien, más de 2 millones de colombianos se beneficiarán en los próximos 10 años. La responsabilidad es mayúscula y por ello todos debemos deponer los egos, pues es una reforma que no da espera.