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JEP imputa crímenes de guerra a 15 militares por falsos positivos

El Tribunal de Paz de Colombia imputó este jueves “crímenes de guerra y de lesa humanidad” a 15 militares por las muertes de cerca de 127 civiles, presentados como guerrilleros fallecidos en combate para obtener incentivos dentro del cuerpo castrense.

“Los 15 miembros del Ejército (…) fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira (extremo norte de Colombia)”, afirmó ese órgano judicial en un comunicado.

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Entre los imputados se encuentran dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, de acuerdo con el texto.

Todos hacían parte del Batallón de Artillería No.2, La Popa, que actuó en el norte de Colombia entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Dentro de los responsables están:

Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No.2 La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005. Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. Los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales.

El subteniente Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, el subteniente Elkin Leonardo Burgos Suárez, el cabo tercero Elkin Rojas, el soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez coronel y Alex José Mercado Sierra.

La Sala de Reconocimiento de Verdad detectó en este caso de la Costa Caribe hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o por paramilitares. Actuaron, además, con pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos ver como legales.

Tras ser notificados, los 15 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. También pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para referirse a esta decisión.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia pública de Reconocimiento, si considera que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.

Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanción propia, si es el caso. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.

| Nota del editor *

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