Los legisladores del partido de Gobierno, el Centro Democrático, incluyendo al propio expresidente Álvaro Uribe, llegaron a la Secretaría General del Senado para radicar el proyecto para que la sentencia que condenó al exministro Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión sea revisada.
El proyecto, que podría estar aprobado antes de que acabe el año por tratarse de una reforma legal y no constitucional, establece el derecho universal de doble instancia para todos los casos fallados en la Sala Penal anteriores al 2018, año cuando por orden de la Corte Constitucional se modificó el sistema de juzgamiento de aforados.
El proyecto pretende garantizar el derecho de doble instancia frente a condenas judiciales, universalmente reconocido pero que hasta el año pasado no se aplicaba en Colombia porque la Constitución de 1991 impuso para los aforados (altos funcionarios públicos, congresistas y gobernadores) un sistema especial que compensaba la ausencia de la revisión de sentencias con la garantía de que solo serían investigados y juzgados por los más altos dignatarios de la justicia: Fiscal General o sus delegados y magistrados de la Corte Suprema.
De hecho, en mayo pasado la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que legisle sobre ese tema y defina de qué manera se aplicaría la doble instancia retroactiva. La posición que había mantenido ese tribunal era que las condenas dictadas hasta mediados del año pasado en la Corte Suprema (cuando se crearon dos nuevas salas para garantizar la revisión de condenas) tenían plena legitimidad y eran cosas juzgadas.
“La impugnación de estas sentencias será conferida en efecto suspensivo -dice el proyecto– (….) La sentencia condenatoria quedará en firme y hará tránsito a cosa juzgada cuando quede ejecutoriada la sentencia que resuelva la impugnación, únicamente cuando esta confirme la condena impuesta en la sentencia que se impugnó”.
La actual Sala Penal de la Corte, que tras la reforma de 2017 hace la segunda instancia, tendría varios magistrados que no podrían cumplir esa tarea porque participaron en las condenas originales, cuando operaba la instancia única. Por eso el proyecto del uribismo habla de la creación de una nueva Sala en la Corte Suprema.
“La finalidad de este proyecto es salvaguardar el núcleo esencial del derecho a la doble conformidad judicial, al garantizarle a cualquier persona que tiene posibilidad de que otro operador judicial pueda revisar la sentencia condenatoria y restablecer los posibles errores que se pudieron cometer en un primer juicio”, dice la iniciativa radicada por los senadores Uribe y Valencia y los representantes Vélez y Daza.
La iniciativa propone que la nueva sala en la Corte solo operaría dos años, prorrogables a cuatro. Pero la revisión de cerca de 250 expedientes, dicen fuentes judiciales, podría tardar más de una década. Junto a esto se esperaría una gran cantidad de demandas contra el Estado por funcionarios que están en la cárcel por delitos de paramilitarismo, corrupción contra el erario, concierto para asesinato, malversación y otros delitos graves que volverían a ser puestos ante la justicia, todo esto buscando beneficiar directamente al exministro de Alvaro Uribe.