Por: María Camila Rodríguez
Por estos días en los que la economía de todos los sectores se ha visto afectada, el gobierno dice seguir en busca de alternativas que le hagan frente a la crisis desencadenada por la emergencia sanitaria. Sin embargo, hay planes que más allá de favorecer a la población colombiana le generan dificultades y la ponen en riesgo.
Tal es el caso del decreto 811 de 2020, expedido el 4 de junio, en el que se da vía libre para la venta y privatización de Ecopetrol y su filial de oleoductos Cenit, bajo la premisa de que, con la decisión, se pretende cubrir gran parte del déficit económico que ha dejado la pandemia en el país.
Pero tal decreto sólo da cuenta de la prioridad que tienen los intereses privados del Estado, pues el plan de poner en venta la empresa colombiana, dejaría sin estabilidad laboral a más de 80 mil trabajadores, de los cuales, 30 mil estarían vinculados a Ecopetrol, según lo indicado por los sindicatos. Esto, sin contar que la empresa hace parte del patrimonio público nacional. Frente a la problemática, trabajadores de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), llevaron a cabo una protesta social en frente de la sede principal de Ecopetrol en Bogotá, con el fin de exigir que se declare inconstitucional la norma expedida en el ya mencionado decreto.
Por otro lado, Hernando Silva, dirigente de la USO, mencionó en una entrevista con Blu Radio que “al ser Cenit capital estatal, es uno de los tres pilares fundamentales de Ecopetrol. Cenit el año pasado produjo unas utilidades que están alrededor de 4.3 billones de pesos, eso más o menos le está dando a Ecopetrol del 35 al 40% de las utilidades que le aporta a la nación, y desde luego que si venden a esta filial, todo ese dinero que dejaría de ingresar al rubro nacional se trasladaría a la población con más impuestos, con más reformas, y desde luego las retribuciones de ingreso hacía la nación dejarían de existir al pasar a una empresa privada”.
Ante las manifestaciones, la alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría de Seguridad, informó a los trabajadores que serían desalojados, esto, debido a la cuarentena obligatoria que empezó a regir a partir del pasado lunes 13 de julio, con una respuesta tajante en la que han dicho que van a trasladar todas las facultades a la Policía, violando el legítimo derecho humano a la protesta social, un derecho que recientemente la comisión interamericana a través de la resolución 01 del 2020 expedida en abril, advirtió que éste no puede ser vulnerado ni siquiera en el peor de los casos que es el estado de excepción.
