Por: Rodolfo Bolaños Barrera
Los funerales son rituales profundamente enraizados en nuestras sociedades, que brindan consuelo y un cierre adecuado ante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, los costos asociados a estos servicios pueden ser abrumadores, especialmente para aquellos con recursos limitados. Un entierro digno no debería ser un lujo reservado solo para unos pocos.]
Como si no fuera suficiente con el dolor por la pérdida de un ser querido se suma la dificultad de disponer de sus restos mortales. La urgencia y dificultad de sepultar a un familiar o a un ser querido se incrementa con la inexistencia de recursos para poder contratar un plan funerario que preste el servicio de tanatopraxia, velación y sepulcro.
En la sociedad contemporánea, los debates sobre el bienestar público y los servicios que deberían incluirse en él son constantes. Sin embargo, la promoción del acceso a un plan funerario como parte de este espectro de servicios es un tema que suscita opiniones encontradas y reflexiones profundas.
En primer lugar, es crucial reconocer la importancia de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos en todas las etapas de la vida donde debe ser incluida la muerte. Un plan funerario puede proporcionar tranquilidad y aliviar la carga financiera y emocional que enfrentan las familias durante momentos difíciles. En este sentido, promover el acceso a estos planes debe ser un asunto de preocupación política y social que busque garantizar la dignidad y el respeto hacia los individuos y sus seres queridos hasta su fallecimiento.
En ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga, entre otras y otras instituciones, se dispone un subsidio funerario, aunque con ciertas limitaciones que dejan excluidas a otra parte de la población que no cumple con las condiciones de vulnerabilidad como: contar con un puntaje de la base de datos del SISBÉN categoría A, B y C, pertenecer a población desplazada o víctima del conflicto, ser habitante de calle, pertenecer a uno de los grupos étnicos (indígenas, afros, pueblo palenquero, comunidad gitana o Pueblo Rom, etc.) o ser inmigrante nacional venezolano. En esta condición de exclusión no les queda más que recurrir a colectas públicas o a la ayuda de los vecinos.
Alguien podría objetar que un servicio de bienestar (como la salud y educación) se define por su impacto en la calidad de vida y el desarrollo de los ciudadanos, mientras un plan funerario tiene implicaciones principalmente post-mortem. ¿Por qué considerar que la situación post-morten está excluida de la esfera de la dignidad?
La consideración de un plan funerario dentro del ámbito del bienestar público nos presenta preguntas éticas y prácticas. ¿Dónde trazar la línea entre las responsabilidades del Estado y las decisiones individuales y familiares? ¿Cuál sería el alcance y los límites de este servicio? ¿Cómo se financiaría y quiénes serían los beneficiarios?
El asunto de un plan funerario como servicio público, tal como el agua, la energía y las telecomunicaciones, también es una preocupación por la equidad y la justicia social. En muchas ocasiones, las familias de bajos ingresos se ven desproporcionadamente afectadas por los costos asociados a los servicios mortuorios. La falta de recursos financieros puede llevar a situaciones de endeudamiento y estrés adicional y cruél en momentos de duelo. En este sentido, garantizar un acceso equitativo a los planes funerarios debería contribuir a mitigar las desigualdades socioeconómicas y promover la inclusión social.
Así entonces, a las discusiones sobre la distribución de los dineros públicos para la inversión en educación, salud, vivienda y empleo para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas y las comunidades, se le debe sumar la de garantizar la de tener un acceso a un funeral digno.
Un plan funerario brinda una invaluable tranquilidad mental tanto a la persona que lo contrata como a sus seres queridos. Saber que los aspectos logísticos y financieros de la despedida están cubiertos proporciona un grado de paz en medio del caos emocional que acompaña al duelo. Además, la planificación del sepelio ofrece una protección económica indispensable. Evita que las familias se vean desbordadas por gastos imprevistos en un momento de vulnerabilidad extrema. Asimismo, puede ofrecer una amplia gama de opciones, permitiendo que cada individuo elija el tipo de servicio que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.
Pero, ¿cómo podemos convertir los planes funerarios en un servicio público accesible para todos?
Para hacer que los planes funerarios sean accesibles como los servicios públicos, se podría implementar un modelo de pago periódico similar al de los recibos de agua o energía. Los ciudadanos contribuyen, así, con una cuota mensual baja, incluida en facturas de servicios esenciales o en el sistema de seguridad social, lo que garantizaría la cobertura de gastos exequiales cuando se requieran. También podría apoyarse con subsidios estatales para reducir o eliminar el costo para personas de muy bajos e incluso nulos ingresos, asegurando así un acceso equitativo. Además, podrían establecerse alianzas con empresas funerarias para ofrecer paquetes de bajo costo bajo regulación estatal, asegurando transparencia y precios justos. De esta manera se distribuiría el costo de los servicios funerarios de manera sostenible y evitaría que las familias enfrenten gastos inesperados en momentos de fatalidad o que una persona sin hogar termine sus días en una fosa común.
Dignidad en la vida y dignidad en la muerte.
