ARTICULO DE OPINIÓN.
Colombia, 12 de marzo de 2026 – La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a centro carcelario preventivo a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, en el marco del escándalo de la UNGRD, no solo sacude a la política nacional: desnuda una realidad incómoda sobre la forma en que se construye el poder en Colombia. Manzur, con más de 134 mil votos y el respaldo sólido de su partido, y Manrique, con apenas unos miles en una curul de paz, representan dos caras de la misma moneda: la legitimidad que otorgan las urnas, pero que se ve cuestionada cuando la justicia señala a quienes deberían ser ejemplo de transparencia.
La pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos eligiendo a quienes terminan envueltos en escándalos? ¿Es confianza genuina o es la maquinaria electoral la que arrastra voluntades y perpetúa nombres en el Congreso? La democracia, en teoría, debería ser un reflejo de la voluntad popular; en la práctica, parece ser el resultado de estructuras clientes listas que manipulan la esperanza de los ciudadanos. El caso de la UNGRD es apenas un capítulo más en la larga novela de la corrupción política. Pero lo que marca la diferencia es que, esta vez, la justicia parece estar actuando con firmeza. La medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique envía un mensaje claro: los votos no son un blindaje contra la responsabilidad penal. La ciudadanía, sin embargo, también tiene un papel que no puede evadir. Mientras sigamos votando por los mismos nombres, mientras la indignación se quede en redes sociales y no se traduzca en un voto consciente, el círculo vicioso continuará. La democracia no se mide solo en porcentajes de votación, sino en la calidad de quienes ocupan las curules. Y hoy, más que nunca, necesitamos preguntarnos si estamos eligiendo representantes o simplemente validando farsantes.
©Ximena Motta – Periodista
