La iniciativa fue aprobada con 108 votos a favor y 7 en contra, luego de tres días de extensas jornadas de análisis del complejo proyecto, que fue creciendo a medida que avanzaba su trámite en el Congreso: la propuesta original llegó con 183 artículos, salió del primer debate con 311, llegó al segundo round con 349 y más de 5.000 proposiciones y con 31 artículos nuevos que no fueron manejados en las comisiones terceras del Congreso.
La plenaria de la Cámara aprobó un artículo que le impone el pago de mayores regalías a los llamados reconocimientos de propiedad privada de minería, cuya tarifa general, independiente del tipo de mineral, está en el 0,4 por ciento, fijando un porcentaje de 3,37 por ciento para la producción anual de carbón superior a 3 millones de toneladas y de 1,64 por ciento para volúmenes menores que esta cifra; en tanto que para oro y plata en veta siguió en 0,4 por ciento, mientras que para el oro y plata en aluvión (ríos) sube al 2 por ciento y para el platino se incrementa al 1 por ciento.
La medida aplica a 28 de estos reconocimientos, de los cuales 18 están ubicados en el departamento de Antioquia, según el Ministerio de Minas y Energía. También fue avalada la norma de explorar el subsuelo a través del fracking.
Proposiciones adicionales, aranceles a los textiles y medidas laborales son algunos de los puntos más criticados en la discusión del Plan de Desarrollo. Con la presencia de miembros del Gobierno como los ministros de Hacienda, Comercio, Educación, Agricultura, Transporte o Minas tumbaron el artículo 89 que pretendía crear una contribución parafiscal de 5% para la gestión catastral.
De acuerdo con varios de los representantes, esta iniciativa iba a generar un hueco en las finanzas de las grandes ciudades como, por ejemplo, Bogotá. Al contrario, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, esta iniciativa iba a ayudar a aumentar el recaudo del impuesto predial de alrededor de $7,3 billones actuales a $15 billones.
En la discusión también cayó el artículo 54 que pretendía que los mandatarios de las entidades territoriales comprometieran vigencias futuras durante el último año de Gobierno. De acuerdo con algunos congresistas, esta propuesta iba en contra de los intereses territoriales y daba pie al clientelismo en época electoral.
También eliminaron el artículo 182 que hablaba de establecer un procedimiento para las operaciones de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros.
Al filo del cierre del debate también se aprobó la inclusión de un nuevo artículo para cumplir los acuerdos con la minga indígena, que se fue a paro durante casi un mes.
Uno de los temas más sensibles, las pensiones. Se revivió el artículo sobre la promoción de beneficios económicos periódicos (Beps), con una proposición que consiste en que si los afiliados reciben una devolución de saldos, estos serán trasladados al esquema de Beps, para reconocer una anualidad vitalicia, menos si el afiliado quiere recibir el dinero en efectivo, para lo cual tendrá los seis meses (ya no cuatro) siguientes a la notificación del documento que la define.
Así, Colpensiones y los fondos de pensiones deberán dar asesoría e información a los afiliados. Además, los que estén por fuera pueden voluntariamente vincularse a los Beps, y el Gobierno reglamentará el procedimiento para esto. Durante el trámite hubo notoria presencia de senadores, entre ellos Richard Aguilar, quien en medio de un tenso ambiente pidió a la Cámara citar la próxima plenaria para el lunes y no para el martes próximo.
De otra parte la Cámara frenó dos de las cinco facultades extraordinarias solicitadas para el presidente Iván Duque, durante 6 meses, para tomar decisiones sin pasar por el Congreso. En consecuencia, el mandatario no podrá transformar las normas relacionadas con el Sistema General de Participaciones (SGP) para hacer un mayor monitoreo y seguimiento al uso de estos recursos. De igual manera, tampoco podrá suprimir, fusionar o modificar consejos, comités y demás instancias de dirección o coordinación que requieran norma con fuerza de ley.
Otro tema que enfrentó ministros fue el artículo 262 con el que se ratificó que la política de vivienda rural se la quede el Ministerio de Vivienda y no el de Agricultura. Además se dio vía libre a algunos artículos polémicos como el de los aranceles textileros, el de la reducción del IVA de los combustibles de 19% a de 5% y del salvamento a la empresa Electricaribe.