Por Angie Camila Banguero López, estudiante Comunicación Uniminuto.
El Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una ambiciosa reforma educativa que busca transformar el sistema educativo colombiano en sus múltiples niveles. La iniciativa se presenta como un esfuerzo por regular el derecho fundamental a la educación de una manera que sea abierta, dinámica, incluyente, solidaria, cooperativa y participativa. Si bien el objetivo es noble y necesario, la reforma ha generado un debate significativo en la sociedad colombiana.
Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma radica en la deuda histórica que el Estado tiene con la educación desde 1994, cuando se estableció en el artículo 9 de la Ley General de Educación (Ley 15). Esta deuda se refiere a la necesidad de regular el derecho a la educación a través de una ley de jerarquía especial, y después de 30 años de jurisprudencia constitucional, se argumenta que es esencial sistematizar la educación para garantizar y avanzar en este derecho.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha expresado que la reforma busca promover una educación integral que forme a la “generación de la paz” en áreas como arte, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Además, se enfoca en la formación ciudadana y socioemocional para ayudar a las nuevas generaciones a comprender y abordar los desafíos del cambio climático y tomar decisiones más informadas en el presente y el futuro.
El proyecto de ley de esta reforma consta de 36 artículos y tiene como ponente al representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. Sin embargo, a pesar de su noble propósito de garantizar el acceso universal a la educación y de crear un sistema educativo abierto y flexible que responda a las necesidades cambiantes de la sociedad, ha enfrentado críticas y desafíos.
Rectores de prestigiosas universidades colombianas, como Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana de Bogotá y la Universidad Eafit de Medellín, han expresado su preocupación y han instado al Gobierno y al Congreso a modificar y fortalecer algunos aspectos clave de la Ley Estatutaria propuesta por el Gobierno de Petro. Su enfoque se centra en la importancia de ofrecer a las personas la posibilidad de elegir entre diversas trayectorias educativas que les permitan un desarrollo integral y una contribución significativa a la sociedad.
En este contexto, se plantea la necesidad de fortalecer la calidad en la prestación del servicio público de educación, reconocer el derecho a la educación posmedia, considerar un sistema mixto para garantizar progresivamente este derecho y establecer lineamientos claros para la financiación integral del sistema.
En última instancia, la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro es un paso importante hacia la transformación del sistema educativo colombiano. Sin embargo, el debate en curso y las voces críticas destacan la complejidad de equilibrar los ideales de inclusión y calidad en la educación, así como la necesidad de asegurar que esta reforma cumpla con las expectativas y necesidades de las futuras generaciones de Colombia. La construcción colectiva de un modelo flexible y mixto de educación sigue siendo un desafío fundamental en este camino hacia la transformación educativa.