El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el foro ‘La protesta social en Colombia, ¿problema de orden público o derecho ciudadano?’ en el que se debatieron temas relacionados como las causas, los estigmas y las regulaciones que quieren hacer a la misma pese a que es un mecanismo de participación.
Los moderadores del evento fueron Néstor Ballesteros, director de UNIMINUTO Radio; y Margarita Granados, representante de Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central. Como invitados estuvieron: Guillermo Rivera, veedor distrital de Bogotá; Inti Asprilla, Representante a la cámara del Partido Verde, Christina Echeverri, profesora de la Facultad de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana; Óscar Ramírez, coordinador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la UNAL.
Granados abrió el diálogo explicando el concepto de protesta social, el nuevo marco jurídico que regula los protocolos durante las marchas y la importancia de este ejercicio ciudadano como estrategia de consecución de metas y objetivos planteados.
Un derecho fundamental de la población
En apoyo a Granados, Rivera resaltó que la protesta social es un derecho fundamental de la población, por lo tanto no debe ser reglamentado, sino que todos los actores sociales deben acatar las disposiciones de la Corte Constitucional para proteger a todos los actores sin violar sus derechos. “Hay que evitar que se pretenda reglamentar la protesta social, es suficiente con lo que la corte constitucional ha dicho en la materia”, afirmó el veedor.
Y añadió que “el deber de la autoridad es garantizarle los derechos a todos”, por eso la protesta no debe ser vista como un problema de orden público, sino como herramienta que vela por el bienestar social, que no se utiliza a nivel internacional. Por esto, Rivera sugirió focalizar la acción de la autoridad contra los que dañan la protesta y no contra todos los que participan de ella.
Ejercicio ciudadano para todos
Posteriormente, Echeverri mencionó que los cambios mundiales en la historia se generaron gracias a la protesta social y por eso a través del tiempo ha ido evolucionando, pero desde los medios, la educación, las comunidades y las organizaciones se debe conversar sobre su función como pilar de la democracia. “La protesta no es un derechos para unos solamente, es un derecho para todos y hay que protegerlos para todos”, opinó la invitada.
También explicó varios elementos que ayudan a pensar por qué ha aumentado la protesta, entre ellos la desconexión entre lo institucional y la ciudadanía, el desconocimiento de las reivindicaciones de los actores y el posconflicto que ayuda a que la ciudadanía pierda el miedo a expresarse.
Protocolos para la protesta con enfoque territorial
Por su parte, Ramírez considera que la protesta en Colombia necesita protocolos para evitar la vulneración de derechos humanos, porque el ejercicio ciudadano está envuelto en practicas arbitrarias y autoritarias que afectan a la ciudadanía. “Existe un gobierno mayoritariamente de anti-izquierda que lo que busca no es regular la protesta social, sino regular el ejercicio ciudadano en vez de regular a la fuerza pública”, aseguró el coordinador.
En ese sentido, sugiere que la creación de mesas de seguimiento para la protesta es una buena opción a fin de gestionar los protocolos en las protestas teniendo en cuenta el territorio y otros factores que propicien la participación de la ciudadanía y las organizaciones protectoras de derechos humanos.
Resistencia para resolver problemáticas
Para Pedraza, la protesta es un derecho que permite garantizar los demás derechos, por lo que un retroceso en las disposiciones de este mecanismo evitará la manifestación ciudadana (cuando no le conviene) y le permitirá al gobierno hacer lo que quiera sin oposición.
“Tenemos un gobierno que es enemigo de la protesta social cuando no es la que ellos convocan”, expresó la representante estudiantil.
Además aclara que la protesta debe incomodar para llamar la atención y resolver los motivos por los que la población sale a las calles, por eso está en contra de la anti-democracia del gobierno que es “indolente” frente a las necesidades de las personas y por el contrario se aferran a dogmas económicos tradicionales.
Coordinación institucional para la participación ciudadana
Así mismo, Asprilla aseguró que las medidas autoritarias del gobierno, legislaciones poco acordes a las regulaciones internacionales, la falta de coordinación entre las instituciones y el incumplimiento de los protocolos internos de la policía afectan a la participación ciudadana.
Por eso, propuso que desde los mandatarios se vele por la garantía de los derechos de los colombianos, sin acudir a la violencia, especialmente en las protestas pacíficas que permiten un ejercicio de participación democrático sin afectar a los demás. “En la medida que va evolucionando la protesta, cada vez es menos irruptiva en el sentido de afectar el espacio público”, opinó el representante.
